Un extenso análisis de 303 páginas elaborado por la Intervención General del Estado (Igae) ha llegado a manos del juez Juan Carlos Peinado. El documento expone múltiples irregularidades en dos adjudicaciones que supusieron un desembolso cercano a los ocho millones de euros.
El caso involucra a Red.es, entidad pública dependiente del Gobierno, y su relación contractual con Innova Next, la empresa vinculada al empresario Juan Carlos Barrabés. La investigación judicial se centra en un posible tráfico de influencias.
El organismo de Hacienda responsable de vigilar la contratación pública ha identificado hasta doce incumplimientos legales en estos expedientes. Los hallazgos plantean serias dudas sobre la transparencia del proceso de adjudicación.
El contexto: contratos bajo sospecha
La investigación se enmarca en la relación entre Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, y Juan Carlos Barrabés. Gómez había recomendado al empresario mediante una carta que posteriormente fue valorada en el proceso de licitación.
Barrabés colaboraba con Gómez en el impulso de su cátedra en la Universidad Complutense. Esta conexión ha motivado que el magistrado examine si existió un uso indebido de influencias para favorecer las adjudicaciones.
Red.es adjudicó contratos relacionados con formación en tecnologías a la UTE conformada por Innova Next y The Valley Digital Business School. El precio no fue el único factor determinante en estas decisiones.
Las principales irregularidades detectadas
Manipulación del sistema de puntuación
El informe señala que la fórmula empleada para calcular las puntuaciones estaba errada. Aunque el precio debía representar el 50% de la valoración, el método utilizado reducía su peso real.
La oferta más cara siempre recibía cinco puntos, lo que minimizaba la ventaja de quienes presentaban propuestas económicas más ajustadas. Innova Next nunca fue la empresa con precios más competitivos, pero el sistema de puntuación la benefició.
La fórmula empleada por Red.es alteraba el peso real de los criterios objetivos, favoreciendo sistemáticamente a determinados licitadores.
Además, los criterios subjetivos tuvieron un peso superior al permitido legalmente. Para este tipo de licitaciones, la ley exige que al menos el 51% de la puntuación corresponda a criterios técnicos objetivos. Este requisito no se cumplió.
Ausencia de evaluadores independientes
La normativa obliga a que un órgano técnico externo evalúe los aspectos técnicos cuando estos tienen tanto peso en la decisión. Red.es realizó esta valoración internamente, sin recurrir a expertos independientes.
El perito considera que pudo producirse un fraude de ley diseñado para eludir la participación de un comité de expertos. Esto permitió que la decisión quedara en manos de la entidad cuya dirección designa el Gobierno.
Valoración de elementos no contemplados
Los pliegos de licitación no incluían la evaluación de cartas de recomendación. Sin embargo, estas fueron valoradas y mejoraron la puntuación de Innova Next.
Entre las cartas aportadas figuraba la de Begoña Gómez en favor de Barrabés. Otras empresas rivales fueron penalizadas por no presentar este tipo de documentos que no estaban solicitados.
De manera similar, se valoraron los currículos del profesorado para los cursos licitados, pese a que tampoco constaban en los requisitos iniciales. Nuevamente, esta decisión benefició a la empresa de Barrabés.
Deficiencias en la oferta ganadora
La propuesta de Innova Next presentaba carencias que, según el informe, deberían haber motivado su exclusión del concurso.
La empresa no acreditó la solvencia técnica requerida ni disponía del plan de Igualdad exigido por Red.es. El perito indica que el plan que consta en la documentación fue aportado después de la adjudicación.
Tampoco cumplió los requerimientos sobre personal establecidos en los pliegos. El informe califica esta situación como ilegal y señala tres motivos distintos para haber retirado la oferta.
Eliminación irregular de un competidor
Mientras Innova Next permanecía en el proceso pese a sus deficiencias, un rival fue descalificado de forma injustificada. Esta empresa había presentado una oferta con un precio muy competitivo.
Se le solicitó documentación adicional y, supuestamente, no la entregó a tiempo. El perito ha verificado que sí cumplió el plazo. Red.es atribuyó el error a una incidencia informática.
Barrabés como referencia de evaluación
El análisis destaca que las valoraciones de otras empresas se realizaron comparándolas con la sociedad de Barrabés. El perito considera que este enfoque no es razonable.
En los documentos del procedimiento, Red.es no se refería a la UTE por su nombre completo (Innova Next y The Valley Digital Business School), sino que la designaba como “Barrabés y The Valley”.
Anomalías en el proceso institucional
El informe subraya la actitud pasiva de los órganos de decisión. Ni la mesa de Contratación ni el Consejo de Administración plantearon dudas sobre las incoherencias detectadas en las valoraciones.
Las medidas adoptadas por Red.es para detectar conflictos de interés fueron calificadas como muy insuficientes. El responsable del informe elaboró documentos clave basándose en material creado por sus subordinados.
La entidad pública eliminó de entrada a la mitad de los concurrentes, una práctica objetada previamente por el Tribunal de Cuentas. Nadie solicitó las aclaraciones que esta decisión hubiera requerido.
El perito también critica que Red.es no asignara técnicos concretos para elaborar los informes de valoración. Esta omisión, junto al hecho de que los informes fueran firmados por una sola persona, incrementa el riesgo de falta de ecuanimidad.
Sospechas de manipulación documental
Sobre el listado de irregularidades planea una sombra adicional. El perito detectó indicios de que cierta información de la empresa de Barrabés pudo ser manipulada en 2024.
Esta alteración habría ocurrido poco antes de proporcionar la documentación a la Fiscalía Europea, que posteriormente la entregó a la Igae para su análisis.
Algunos informes técnicos relevantes carecen de firma. Sus metadatos, que incluyen datos como la autoría o la fecha de creación, han sido borrados.
Esta circunstancia implica que no existe evidencia de que estos documentos fueran realmente elaborados por las personas que aparecen en los encabezamientos. Tampoco puede confirmarse que las puntuaciones reflejen la opinión de los técnicos mencionados.
El asunto fue trasladado a la Unidad de Ciberdelincuencia de la Guardia Civil. El perito señala que, si bien no hay evidencia técnica de modificaciones que hayan afectado al contenido, tampoco existe prueba de lo contrario.
Entre los documentos sospechosos figura el plan de Igualdad de la empresa. El informe plantea que este pudo ser aportado después de recibir la adjudicación, cuando legalmente debería haber estado disponible desde el inicio.
Implicaciones del informe
Las 303 páginas del análisis de la Igae constituyen un documento clave para la investigación judicial. Los doce incumplimientos identificados abarcan desde cuestiones procedimentales hasta posibles manipulaciones documentales.
El conjunto de irregularidades dibuja un proceso de adjudicación que se alejó de los principios de transparencia, igualdad y concurrencia. La acumulación de decisiones favorables a una misma empresa plantea interrogantes sobre la imparcialidad del procedimiento.
El juez Peinado dispone ahora de un análisis técnico exhaustivo para valorar si estas irregularidades constituyen indicios de tráfico de influencias. La investigación continúa su curso mientras los órganos implicados deberán dar explicaciones sobre las deficiencias detectadas.
El caso pone de relieve la importancia de los mecanismos de control en la contratación pública. Los contratos por casi ocho millones de euros se adjudicaron en un contexto que, según el organismo fiscalizador, presentaba múltiples incumplimientos normativos.
