Santa Cruz estudia si se personará en la causa de los pagos a Sacyr

Sacyr

Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife

El anterior grupo de gobierno descubrió unos pagos injustificados de hasta 30 millones de euros

El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, ha solicitado a los servicios jurídicos municipales que informen sobre si cabe la personación del Consistorio en la denuncia que ha presentado el grupo de Unidas Podemos respecto a los pagos supuestamente irregulares de Enmasa a Sacyr.

Ante las informaciones aparecidas en prensa en días pasados, y sin tener comunicación todavía oficial de la denuncia presentada por Unidas Podemos, el día 19 el alcalde firmó un escrito a los servicios jurídicos municipales para que estudien, de la información de que dispone el Consistorio, qué actuaciones se deben realizar en defensa de los intereses municipales”.

“Habiendo tenido conocimiento por los medios de comunicación”, dice el escrito del alcalde, “del inicio de la instrucción de un procedimiento penal en relación con los abonos efectuados por EMMASA a la empresa Sacyr, S.A., en concepto de devolución del canon abonado por esta con ocasión de la licitación del servicio público del ciclo integral del agua, le solicito estudio y propuesta de las actuaciones a seguir por esta Corporación para la mejor defensa de los intereses municipales”.

Según las informaciones aparecidas en prensa, sería el juzgado de lo penal número 3 de Santa Cruz de Tenerife sobre el que ha recaído el procedimiento iniciado y que tiene como objetivo estudiar si existen consecuencias jurídicas para los pagos que supuestamente de manera irregular realizó ENMASA a la empresa Sacyr a raíz de un acuerdo de su Consejo de Administración de 2007.

Denuncias del PSOE

Hay que recordar que en el anterior mandato, liderado por la ex alcaldesa Patricia Hernández (PSOE), el Consistorio denunció públicamente unos pagos anuales de 2,3 millones de euros a la empresa concesionaria encargada de la gestión del ciclo integral del agua: Sacyr. El total de estos pagos «sin justificar», paralizados en verano del año pasado, ascenderían a 29,9 millones de euros.

 

 

El Ilustrador

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