Santa Cruz de Tenerife: «Una ciudad llena de barreras»

Santa Cruz de Tenerife

Patinete eléctrico mal aparcado

Los vecinos denuncian que el Ayuntamiento mima a la empresa de patinetes eléctricos y se olvida de las personas con movilidad reducida

La Asociación de Vecinos El Perenquén, del centro histórico de Santa Cruz de Tenerife, muestra su oposición al nuevo anuncio hecho por el Ayuntamiento capitalino, según la concejala de Seguridad y Movilidad, Evelyn Alonso, se crearán unas 300 plazas de aparcamiento para patinetes, al tiempo que reitera su denuncia sobre la política municipal «que continúa propiciando que sea una ciudad llena de barreras para personas con movilidad reducida, incumpliendo la Ley de Accesibilidad».

El Perenquén, en línea además con otros colectivos ciudadanos, como Queremos Movernos y Centro Rambla, considera que «el Ayuntamiento mima ahora a la empresa que explota este servicio de patinetes, que perjudican a las personas que van a pie por la ciudad -para las que, por ley, deben ser las vías peatonales-, cuando existe una clamorosa falta de aparcamientos para el vecindario de esta zona de Santa Cruz de Tenerife, ni hay cargas y descargas para la actividad comercial».

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife se olvida de las personas con dificultades

Desde la asociación vecinal lamentan que «ningún gobierno de los que ha tenido la capital haya mirado por las personas que van en silla de ruedas, quienes se encuentran con obstáculos por toda la ciudad, o personas mayores con problemas para caminar o personas ciegas que no tienen sus itinerarios libres de barreras».

Asimismo, continúan denunciando que el actual gobierno incide en esa «tradicional falta de sensibilidad hacia la ciudadanía que presenta esas dificultades, que además tiene reconocido su derecho de accesibilidad en la legislación vigente, por lo que no atender sus reivindicaciones es una clara ilegalidad».

El Perenquén recuerda también que «tumbó judicialmente la ordenanza de movilidad y que el Ayuntamiento ha recurrido la sentencia ante el Tribunal Supremo, prolongando el conflicto con dinero público en lugar de consensuar un nuevo texto normativo con el vecindario que demostró ante el Tribunal Superior de Justicia de Canaria las deficiencias de la norma aprobada en su día por el consistorio».

 

 

El Ilustrador

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