Querella de Anticorrupción al SCS por el caso de las mascarillas

caso de las mascarillas

Conrado Jesús Domínguez Trujillo / Gobierno de Canarias

La Fiscalía ve indicios de delito en el caso de las mascarillas por las que se abonaron cuatro millones de euros

En mayo de 2020 el Servicio Canario de Salud (SCS) adjudicó a la empresa RR7 United un contrato de cuatro millones de euros por la compra de mascarillas FFP3 de máxima calidad. Sin embargo, el material procedente de Etiopía nunca llegó a su destino final, sino que acabo siendo destruido en una trituradora tras un control aduanero. Desde el pasado mes de abril el caso de las mascarillas se está investigando para depurar responsabilidades.

Posibles delitos de prevaricación, tráfico de influencias, estafa y blanqueo de capitales

Desde la Asociación en Defensa por la Sanidad Pública en Canarias (ADSPC) se han hecho eco de la querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción en relación al caso de las mascarillas. La querella está dirigida contra el director del Servicio Canario de la Salud (SCS), Conrado Domínguez, la entonces directora general de Recursos Económicos del SCS, Ana María Pérez, y el responsable de la empresa RR7 United Limited S.L., Rayco Rubén González Sánchez. Se abre de este modo la vía judicial y las posibles responsabilidades penales por lo que se sospecha que han podido ser delitos de tráfico de influencias, prevaricación, estafa y blanqueo de capitales.

En opinión de la ADSPC la presentación de esta querella se suma a otros escándalos que ya afectan a la Sanidad Pública Canaria, como un caso de acoso laboral o el descontrol en las medidas frente a la séptima ola de Covid.

La Asociación se ha mostrado muy crítica frente a la actual gestión de la Sanidad en Canarias y advierte al Gobierno y a la Consejería: “el titulo de progresista no se autootorga, son los hechos los que podrían hacer que la ciudadanía se los otorgue, aunque, por ahora, ustedes no se lo merecen”.

 

 

El Ilustrador

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