Prohibición del uso residencial de apartamentos en zonas turísticas

uso residencial de apartamentos

Apartamentos en Gran Canaria

Los propietarios afectados consideran que esta prohibición de uso residencial de apartamentos vulnera sus derechos constitucionales

El Gobierno de Canarias no ha cumplido ninguna de las recomendaciones que se realizaron a raíz de las quejas presentadas al Defensor del Pueblo en 2019. Los afectados por la Ley Turística de Canarias siguen sufriendo las consecuencias de lo que consideran la vulneración de los derechos constitucionales de muchas familias. Parte de este descontento generalizado tiene su origen en la prohibición de uso residencial de apartamentos ubicados en zonas turísticas.

Prohibir el uso residencial a través del planeamiento

El derecho a la propiedad y el derecho al libre mercado y a la libre competencia son algunas de las vulneraciones que denuncian desde la Plataforma de Afectados por la Ley Turística. Esta plataforma se creó en 2015 con el objetivo de defender los intereses de muchos propietarios particulares de inmuebles en zonas con potencialidad turística.

Aunque siempre han existido ciertas lagunas, es ahora cuando se están apareciendo los primeros obstáculos para certificar el uso consolidado de propiedades particulares, por ejemplo, en el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana.

Desde la Plataforma aseguran que es la primera vez que se intenta prohibir el uso residencial de apartamentos en zonas turísticas a través del planeamiento. “Esto se está haciendo bajo una premisa errónea en la que se cree que, desde sus orígenes, el planeamiento en las zonas con potencialidad turística de Canarias fue de uso turístico exclusivo, y esto no es así. Todas estas propiedades se han vendido como unidades hipotecarias independientes y sin limitación de uso de ningún tipo”, denuncian los afectados.

Por su parte, el Diputado del Común, Rafael Yanes, tras reunirse con representantes de la Plataforma, únicamente ha constatado que “desde la aprobación de la ley del sector turístico del año 2013 y del decreto 2015, no han quedado claros determinados usos. Esto supone que haya un sector que defiende el uso exclusivamente turístico y otro el uso consolidado residencial”.

 

 

El Ilustrador

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