La población canaria sigue respirando aire contaminado

respirando aire contaminado

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Los ecologistas aseguran que la pandemia no ha servido para mejorar la calidad del aire

Un informe elaborado por Ecologistas en Acción concluye que los habitantes de las islas siguen respirando aire contaminado. El informe analiza los datos recogidos en 800 estaciones oficiales de medición instaladas en todo el Estado español, entre ellas 55 situadas en Canarias.

Según el informe, durante 2021 la calidad del aire ha mantenido la mejora sustancial ya observada durante 2020, con una reducción notable de los niveles de dióxido de nitrógeno (NO2), dióxido de azufre (SO2) y ozono troposférico, y más matizada de los de partículas en suspensión (PM10 y PM2,5), en sus mínimos de la última década.

Aún así, con los nuevos valores máximos de contaminación recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), el aire contaminado afectó en 2021 a la totalidad de la población canaria.

Respirando aire contaminado

Los ecologistas afirman que la población que respiró aire contaminado por encima de los límites legales fue de 330.000 personas, en la zona Sur de Gran Canaria. Si bien los niveles de partículas PM10 también excedieron los valores límite legales en otras tres estaciones de Fuerteventura (El Charco) y el Sur de Tenerife (Galletas y El Médano).

El informe explica que las partículas (PM10 y PM2,5) y el dióxido de nitrógeno (NO2) en el aire siguieron afectando a la totalidad de la población canaria, con diversos episodios de calima. Todas las estaciones de las ciudades de Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife excedieron las nuevas recomendaciones de la OMS para el NO2. Los niveles de ozono fueron los más bajos del Estado, junto a los de Asturias, Cantabria y Galicia.

Los ecologistas afirman en el informe que cada año se registran hasta 30.000 muertes prematuras en el Estado por afecciones derivadas de la contaminación del aire, según la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA). Según el Instituto de Salud Carlos III, 10.000 de ellas fallecen en episodios de alta contaminación. Además, los costes sanitarios y laborales derivados de la contaminación atmosférica representan 50.000 millones de dólares al año, un 3,5 % del PIB español, según el Banco Mundial, sin considerar el coste de los daños provocados sobre los cultivos y los ecosistemas naturales.

Aunque los Planes de Mejora de la Calidad del Aire son obligatorios según la legislación vigente,  en muchos casos no existen, y en otros son inefectivos por falta de voluntad política. Además, el plan por fenómenos meteorológicos adversos del Gobierno de Canarias «resulta completamente insuficiente, incluso desde el punto de vista meramente informativo», para proteger la salud de la población más sensible ante los episodios de calima.

La Ley de Cambio Climático obliga a que todas las ciudades de más de 50.000 habitantes y los territorios insulares cuenten con zonas de bajas emisiones antes de 2023. Sin embargo, las ciudades y los cabildos insulares canarios no están declarando estas zonas, «pese a los abundantes fondos públicos que están recibiendo para su implantación».

Finalmente, desde Ecologistas en Acción recuerdan que la crisis sanitaria de la COVID–19 ha demostrado que la reducción del tráfico tiene claros efectos en la mejora de la calidad del aire que respiramos, en las ciudades y en las zonas rurales. No obstante, el repunte en los últimos meses de la contaminación del aire en las grandes ciudades es un indicio preocupante de que no hemos aprendido lo suficiente.

 

 

El Ilustrador

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