La investigación judicial por la gestión de la DANA en Valencia da un paso decisivo. La magistrada Nuria Ruiz Tobarra solicita oficialmente las grabaciones que pueden cambiar el rumbo del caso.
El Tribunal de Instancia 3 de Catarroja ha dirigido un requerimiento formal a Radio Televisión Española. La jueza busca obtener la grabación emitida el 10 de septiembre de 2025 sobre la reunión del CECOPI del 29 de octubre de 2024.
Esta petición llega después de que se filtraran imágenes y audios comprometedores de la reunión. Los medios valencianos se encuentran ahora en el centro de la investigación.
La magistrada también se ha dirigido a À Punt para que confirme si mantiene su ofrecimiento de aportar grabaciones. La cadena autonómica debe responder en el plazo de una audiencia sobre su disponibilidad para colaborar.
Las grabaciones filtradas que han revolucionado el caso
Las imágenes y audios difundidos el miércoles han generado un terremoto político en Valencia. La exconsellera Salomé Pradas, investigada en el procedimiento, aparece dando instrucciones sobre el mensaje ES-Alert.
Los audios revelan momentos clave de la toma de decisiones durante la catástrofe. Pradas se muestra dirigiendo el contenido del mensaje que alertaría a la población valenciana.
“Metedlo en el texto, por favor”
Esta frase, pronunciada por la exconsellera, se ha convertido en una de las pruebas más comprometedoras del caso. Los investigadores consideran que demuestra su participación directa en las decisiones.
Las polémicas declaraciones de Salomé Pradas
Los audios también captan otras declaraciones reveladoras de la exconsellera de Justicia e Interior. En uno de los momentos grabados, Pradas pregunta por el teléfono de Miguel Polo, presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar.
La respuesta de la exconsellera cuando le facilitan el contacto resulta especialmente llamativa:
“A mí no me apetece llamarlo”
Esta confesión ha sido interpretada por los investigadores como una muestra de dejadez en la gestión de la emergencia. La Confederación Hidrográfica del Júcar tenía información crucial sobre el estado de los caudales.
Las declaraciones contrastan con las versiones oficiales que Pradas había ofrecido anteriormente ante el tribunal. Los audios podrían demostrar contradicciones en su testimonio judicial.
La justificación legal para reclamar las grabaciones
La jueza Nuria Ruiz Tobarra argumenta que estas grabaciones son fundamentales para la investigación. Hasta ahora, el procedimiento judicial carecía de documentación oficial sobre la reunión del CECOPI.
La Conselleria de Emergencias había sido requerida judicialmente para aportar esta documentación. Sin embargo, no había proporcionado ningún registro oficial de la reunión del 29 de octubre.
Irene Rodríguez, de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias, justificó esta ausencia. Según su testimonio, no existía la figura de secretario en estas reuniones, por lo que no se levantaban actas.
La investigación se centra en varios aspectos clave del caso:
- El momento exacto del envío del ES-Alert a la población
- El contenido específico del mensaje de alerta
- El proceso de toma de decisiones durante la emergencia
- La participación de personas no investigadas en las decisiones
La magistrada considera que las grabaciones pueden contradecir declaraciones ya prestadas ante el tribunal. La presencia de periodistas durante la reunión permitió que se registraran conversaciones que normalmente quedarían sin documentar.
El impacto en la investigación judicial
La jueza subraya la gravedad excepcional de los hechos investigados para justificar la inclusión de estas pruebas. La DANA causó graves daños en la Comunidad Valenciana, convirtiendo la gestión de la emergencia en un asunto de máxima relevancia judicial.
La falta de documentación oficial de la reunión del CECOPI agrava la situación procesal. Las grabaciones periodísticas se convierten así en la única prueba disponible sobre las decisiones adoptadas.
“La gravedad de los hechos objeto de la investigación exige la aportación de las grabaciones emitidas”
Esta declaración de la jueza refleja la importancia que otorga a estas pruebas. La magistrada considera que las grabaciones no fueron realizadas durante recesos, sino durante el proceso de decisión propiamente dicho.
Los abogados de las víctimas de la DANA han mostrado su satisfacción por esta decisión judicial. Consideran que las grabaciones pueden ser determinantes para esclarecer las responsabilidades en la gestión de la catástrofe.
La investigación continúa abierta mientras se espera la respuesta de RTVE y À Punt. Las grabaciones podrían aportar nuevas pruebas sobre la actuación de los responsables durante la emergencia.
El caso de la DANA se consolida como una de las investigaciones judiciales más relevantes sobre gestión de catástrofes naturales en España. Las próximas decisiones judiciales serán determinantes para el futuro del procedimiento.
