El TJUE favorable a imponer las costas a la entidad crediticia

entidad crediticiaUna sentencia judicial abre las puertas a una mayor protección del consumidor al imponer las costas a la entidad crediticia demandada

Hasta el momento, el consumidor se lo tenía que pensar dos veces a la hora de litigar contra una entidad crediticia, a pesar de poder demostrar que esta había actuado con usura. Sin embargo, una reciente decisión del Juzgado de Primera Instancia número 2 de Las Palmas de Gran Canaria abre las puertas a una posición más favorable con los consumidores.

Dicho Juzgado ha resuelto la condena en costas a una entidad crediticia “con clara declaración de mala fe”. De este modo, ha cerrado por satisfacción extraprocesal un pleito de una vecina de Las Palmas contra los abusos de una tarjeta de las denominadas revolving, es decir, una tarjeta de crédito de pago aplazado que establece unos intereses superiores al 20 %.

Un perjuicio al consumidor y al conjunto de los ciudadanos

El magistrado elevó al TJUE una consulta sobre las condiciones de este litigio, solicitando al Tribunal la nulidad de una norma española que, en apariencia, beneficiaba a las entidades crediticias que cobraban intereses abusivos, cuando los clientes intentan acabar con esa usura y acuden en última instancia a la Justicia.

Dicha norma sigue vigente. No obstante, el TJUE se ha mostrado favorable a imponer las costas a la entidad crediticia. Esta decisión quiere decir que tendrá que ser el banco quien pague ahora los honorarios de la representación legal de la perjudicada. De este modo, la afectada no sufrirá perjucios económicos por entablar el pleito contra una actividad bancaria que el Supremo ya ha calificado de “usuraria”.

Esto también supone que, a partir de ahora, serán los jueces los que valoren la posibilidad de condenar en costas a una entidad crediticia si se aprecia mala fe procesal. En su decisión, el juez ha resaltado que el hecho de que los consumidores tengan que enfrentarse a los costes de un letrado y de un procurador para defender sus derechos afecta a este servicio público. Los ciudadanos ven cómo “la Justicia se colapsa de manera innecesaria y con asuntos repetitivos, respecto los cuales existe jurisprudencia más que consolidada”.

 

 

El Ilustrador

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