El Gobierno vuelve a incumplir el mandato constitucional sobre los Presupuestos

Por tercer año consecutivo, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha dejado pasar el plazo constitucional para presentar los Presupuestos Generales del Estado. El artículo 134 de la Constitución establece que deben entregarse al Congreso tres meses antes del cierre del año anterior.

La fecha límite era el 30 de septiembre. Ahora, el incumplimiento es un hecho.

Desde Moncloa defienden que el Gobierno mantiene “estabilidad y eficacia” en su gestión. Argumentan que es uno de los ejecutivos más longevos de Europa y que fuera de España no se cuestiona su consistencia.

Sin embargo, la realidad parlamentaria cuenta otra historia. La coalición no ha conseguido aprobar unas cuentas desde 2023. España sigue funcionando con presupuestos avalados por un Congreso diferente al actual.

La fragilidad parlamentaria marca el ritmo político

Los socios de Gobierno han detectado la debilidad del Ejecutivo. Cada uno busca sacar ventaja en sus propias batallas políticas, lo que complica cualquier acuerdo presupuestario.

La inversión en Defensa representa un punto especialmente conflictivo. Este tema fractura completamente el bloque de gobernabilidad y deja al PSOE dependiendo del apoyo del PP.

Dentro del Gobierno existe la voluntad de presentar las cuentas. La estrategia consiste en exhibir unos presupuestos expansivos y sociales que aprovechen el buen momento económico español.

“Los vamos a presentar seguro”, aseguran fuentes gubernamentales, aunque sin concretar fechas.

La idea es convertir la debilidad en un arma política. El mensaje sería claro: esto es lo que queremos hacer, pero los socios no lo permiten.

Esta táctica busca captar el voto de los electores de esos mismos socios. Pero choca con una aritmética parlamentaria que difícilmente cambiará en el corto plazo.

A diferencia del año pasado, cuando directamente renunciaron a cumplir el mandato constitucional, ahora mantienen abierta la posibilidad de presentarlos. Eso sí, no descartan hacerlo después de diciembre, lo que obligaría a prorrogar los de 2023.

Agenda internacional como escudo político

Ante las dificultades internas, Sánchez refuerza su presencia en el escenario internacional. Este miércoles y jueves viaja a Copenhague para reuniones con líderes europeos.

El encuentro abordará temas de seguridad y defensa. El presidente aprovechará para posicionar a España como socio fiable y comprometido con la estabilidad del flanco este europeo.

Pero el presidente quiere introducir otro elemento en la ecuación de seguridad. Defenderá que invertir en lucha contra el cambio climático es también hacerlo en defensa y seguridad.

El cambio climático como prioridad de Estado

Sánchez considera la emergencia climática una cuestión vital que debe situarse al mismo nivel que otras amenazas para Europa. Su objetivo es convencer a los líderes europeos de que el clima representa un multiplicador de riesgos.

España ha sufrido recientemente una nueva dana en su zona este. El recuerdo de la devastación del año pasado sigue presente: 229 personas murieron en Valencia y Castilla-La Mancha.

Los incendios del verano y los fenómenos meteorológicos extremos refuerzan el mensaje gubernamental. El cambio climático ya no es una amenaza futura, es una realidad que golpea especialmente a países como España.

Choque con el PP por el pacto climático

La apuesta de Sánchez por el clima coincide con una disputa abierta con el Partido Popular. Moncloa ha propuesto un Pacto de Estado para frenar la Emergencia Climática.

Las fuentes socialistas son contundentes en su diagnóstico. La crisis climática es una realidad diaria. Las olas de calor, sequías y lluvias torrenciales golpean cada vez con más fuerza.

Sin embargo, los populares han rechazado el acuerdo. Lo califican de “cortina de humo” para tapar la falta de responsabilidad en la gestión del Ejecutivo.

La mano tendida de Moncloa a Alberto Núñez Feijóo perseguía varios objetivos. Si el PP aceptaba negociar, el Gobierno se habría anotado un tanto al arrastrar a la oposición hacia sus prioridades.

Pero el escenario del rechazo, que era el previsto en el complejo presidencial, ofrece según los socialistas un flanco de ataque importante. Permite asimilar al PP con las posturas negacionistas de Vox.

El Ejecutivo acusa a los populares de “partidistas”. Descarga en ellos la responsabilidad de que no se pueda avanzar más, especialmente teniendo en cuenta que la mayoría de comunidades autónomas están en manos del PP.

“Nosotros ya estamos sentados en la mesa. ¿Alguno será tan egoísta y tan soberbio para no querer sentarse a hablar?”

De esta forma, Sánchez busca compensar las fisuras presupuestarias con pegamento social y perfil internacional. Una estrategia para mantener la iniciativa política mientras espera que la aritmética parlamentaria le sea más favorable.

Mientras tanto, España continúa sin presupuestos actualizados. Y la anomalía de no tener cuentas en toda la legislatura no resta, al menos por ahora, el ímpetu del presidente para seguir hasta 2027.

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