El presidente Pedro Sánchez ha encontrado una forma de modificar las cuentas públicas sin pasar por el Parlamento. La clave está en una disposición que se introdujo durante la pandemia y que sigue vigente hoy.
España lleva tres años funcionando con los mismos presupuestos aprobados en 2023. Mientras tanto, el Ejecutivo realiza cambios millonarios en las partidas ministeriales sin dar explicaciones públicas.
Una promesa que se repite año tras año
Este lunes, Sánchez volvió a comprometerse a llevar los Presupuestos Generales de 2026 al Parlamento. Es la misma promesa que hizo el año pasado con las cuentas de 2025, que nunca llegaron.
La situación se ha convertido en un patrón. El presidente anuncia presupuestos que después no presenta. Mientras tanto, España funciona con prórrogas de las cuentas de 2023.
“Los fondos europeos son otros presupuestos y otro carril para la modernización de España”, justificó Sánchez en su comparecencia.
El Gobierno tampoco ha presentado los objetivos de estabilidad presupuestaria. Ni ha convocado la Conferencia de Política Fiscal y Financiera, paso previo habitual para estas acciones.
La falta de presupuestos nuevos no ha impedido al Ejecutivo mover dinero entre ministerios. Lo hace gracias a una modificación legal que data de la época más dura de la pandemia.
El truco legal heredado de la era COVID
En 2021, en plena crisis sanitaria, el Gobierno introdujo una disposición excepcional en los Presupuestos Generales. Esta norma permitía mayor flexibilidad para afrontar la emergencia del coronavirus.
La disposición modificó el artículo 9 de la ley presupuestaria. Otorgó al Gobierno la potestad de efectuar transferencias entre secciones ministeriales sin pasar por el Congreso.
Lo que nació como una medida temporal de emergencia se ha convertido en permanente. La norma sigue vigente en los presupuestos prorrogados de 2023 que rigen actualmente.
Tabla: Años sin presupuestos nuevos
| Año | Estado | Observaciones |
| 2023 | Aprobados | Últimos presupuestos nuevos |
| 2024 | Prórroga | Sin presupuestos nuevos |
| 2025 | Prórroga | Sin presupuestos nuevos |
| 2026 | Prometidos | Anunciados pero sin garantías |
Qué permite exactamente esta norma excepcional
La modificación excepta las restricciones del artículo 52.1 de la Ley General Presupuestaria. En términos prácticos, permite al Ejecutivo reasignar dinero público sin supervisión parlamentaria.
Las decisiones se aprueban directamente en Consejo de Ministros. No hay debate en el Congreso ni tampoco memoria pública que explique los cambios.
Esta opacidad significa que los ciudadanos no saben qué políticas pierden recursos y cuáles los ganan. Tampoco conocen los criterios utilizados para estos cambios.
Los expertos denuncian “opacidad legalizada”
El economista Santiago Sánchez López califica la situación como “opacidad legalizada“. Según explica, el Gobierno convierte las modificaciones de crédito en un atajo para cambiar prioridades de gasto.
“Decisiones de calado que se aprueban en Consejo de Ministros, sorteando el control parlamentario”, critica el experto.
Lista de consecuencias identificadas por los expertos:
- Falta de transparencia en el gasto público
- Ausencia de control parlamentario
- Cambios arbitrarios en las prioridades presupuestarias
- Pérdida de credibilidad de la política fiscal
La situación preocupa especialmente porque las modificaciones pueden afectar a cualquier área del presupuesto. Desde sanidad hasta educación, pasando por infraestructuras o defensa.
El Instituto de Estudios Económicos presentó en mayo un informe crítico sobre esta práctica. El documento, elaborado por destacados catedráticos, alerta sobre las consecuencias económicas.
El grave impacto en las inversiones públicas
La prórroga presupuestaria afecta especialmente a los proyectos de inversión pública. La planificación y ejecución de infraestructuras sufre las consecuencias directas.
Según el Instituto de Estudios Económicos, España necesita aumentar su inversión pública en 15.000 millones de euros. Esto es necesario para converger con los niveles europeos.
Sin presupuestos nuevos, esta convergencia se vuelve imposible. Los proyectos estratégicos quedan en el limbo y la competitividad del país se resiente.
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF) también ha alertado sobre la situación. En su último informe, constata el retraso en todos los pasos del procedimiento presupuestario.
“Estos elementos ya se habrían materializado para la fecha de elaboración de este informe”, recuerda AIREF sobre los pasos pendientes.
La institución presidida por Cristina Herrero recomienda iniciar “a la mayor brevedad posible” los procedimientos presupuestarios. También pide establecer los objetivos de estabilidad presupuestaria.
La situación actual plantea serias dudas sobre la gestión económica del país. España funciona con herramientas presupuestarias de hace tres años mientras enfrenta desafíos económicos actuales.
El uso continuado de la norma COVID para evitar el control parlamentario convierte la excepción en regla. Una práctica que los expertos consideran peligrosa para la democracia fiscal.
