El Gobierno de Canarias, parte perjudicada en el caso mascarillas

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Blas Trujillo y Conrado Domínguez / Gobierno de Canarias

Tras la querella presentada contra varios de los responsables del Servicio Canario de Salud, el Ejecutivo regional se persona en el caso mascarillas como parte perjudicada

 

La Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias (ADSPC) considera inadmisible que el Ejecutivo autonómico haya pasado de ser perjudicador a perjudicado en el caso mascarillas. Julio Pérez, portavoz del Gobierno de Canarias, anunciaba la semana pasada la presentación de un escrito en el Juzgado de Instrucción número siete de Las Palmas de Gran Canaria para personarse en dicho proceso como parte perjudicada.

Pérez asegura que el objetivo del Gobierno es depurar responsabilidades en relación al caso mascarillas. También se pretende lograr, “hasta donde sea posible”, la recuperación de los 4 millones de euros abonados por unas mascarillas que nunca llegaron a los hospitales insulares.

La Fiscalía Anticorrupción presenta una querella ante un proceso “abrumadoramente irregular”

El contrato que ha sido motivo de la denuncia de Anticorrupción se negoció durante 21 días a través de Whatsapp. La falta de comprobaciones básicas como la solvencia de la empresa adjudicataria o su capacidad para asumir el encargo, se justificaron únicamente por la urgencia de la situación.

Sin embargo, la empresa RR7 United SL, especializada en automoción, recibió el pago de estos servicios sin que llegar a completarse la entrega de las mascarillas solicitadas. Tampoco se cumplió el compromiso de una posterior modificación del contrato anterior, ya resuelto por incumplimiento, en el que la empresa se ofrecía a entregar un 20 % más de las mascarillas pactadas, aunque de otro modelo.

La ADSPC considera justificado su interés por personarse en la querella, aportando contenidos y documentación clave para la misma. Sin embargo, no ve justificado que el Ejecutivo haya decidido personarse como parte perjudicada por este proceso, cuando querellados como Conrado Domínguez, director del SCS y miembro del Comité de Emergencia Sanitaria del Gobierno de Canarias, no denunciaron el caso ante la justicia y no han asumido aún ninguna responsabilidad política sobre lo sucedido.

 

 

El Ilustrador

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