Las principales compañías eléctricas de España han revelado una cifra que evidencia la magnitud de la crisis energética nacional. El 83,4% de los nudos de distribución eléctrica están completamente saturados.
Esta saturación sin precedentes pone en riesgo cientos de proyectos empresariales que esperan conexión al sistema eléctrico. La situación amenaza inversiones valoradas en 60.000 millones de euros.
Por primera vez en la historia, Iberdrola, Endesa, Naturgy y EDP han publicado el mapa de capacidad disponible en sus redes. El resultado expone un colapso que llevaba años gestándose en silencio.
La transparencia llega tarde al sector eléctrico
Hasta este martes, las eléctricas no tenían obligación de informar sobre la saturación de sus nudos de conexión. Esta opacidad impedía a las empresas conocer dónde podían conectar sus proyectos.
La falta de información también dificultaba que el Gobierno y la Comisión Nacional de los Mercados evaluaran la dimensión real del problema. El sector llevaba años alertando de esta situación crítica.
“Un porcentaje significativo de nudos ya está saturado (83,4%), lo que impide conectar nueva demanda”, confirmó Aelec, la patronal eléctrica.
Aelec había advertido meses atrás que la mitad de las solicitudes de acceso se rechazaban por falta de capacidad. La situación afecta especialmente a centros de datos, gran industria y promotores inmobiliarios.
Los más perjudicados por la saturación
Los centros de datos concentran la mayoría de solicitudes de conexión rechazadas. Estas instalaciones requieren enormes cantidades de electricidad para funcionar.
La gran industria también sufre las consecuencias del colapso de las redes. Muchas fábricas no pueden garantizar su suministro eléctrico futuro.
Los puertos comerciales y los desarrollos inmobiliarios completan la lista de sectores más afectados. Algunos promotores ya amenazan con trasladar sus inversiones a otros países.
El debate sobre la retribución a las eléctricas
Las redes de distribución han monopolizado el debate energético durante más de un año. Se han convertido en uno de los principales problemas para el Gobierno central y las comunidades autónomas.
El Ministerio de Transición Ecológica pidió a la CNMC mejorar la retribución a las distribuidoras. El objetivo era incentivar la inversión en ampliación de la infraestructura eléctrica.
En julio, el supervisor propuso subir la tasa de retribución del 5,58% actual al 6,46% para el periodo 2026-2031. Esta propuesta quedó lejos del 7,5% que exigía el sector eléctrico.
La presión del sector contra el regulador
Las grandes eléctricas han intensificado su presión para conseguir una tasa más elevada. Argumentan que la propuesta actual no incentiva suficientemente la inversión necesaria.
El plazo para presentar alegaciones concluyó el 7 de agosto. Se espera que la CNMC mejore ligeramente su propuesta inicial, aunque no llegue al 7% solicitado.
El Gobierno teme que una subida significativa encarezca demasiado la factura eléctrica de los consumidores. Los peajes de acceso a las redes se repercuten directamente en el recibo de la luz.
Las eléctricas contraargumentan que el sobrecoste se compensaría con nuevos consumidores. A mayor número de usuarios conectados, menor coste unitario por cliente.
La cara oculta del milagro renovable español
Pedro Sánchez volvió a presumir ayer de España como “referente europeo en la transición ecológica”. El presidente pidió a empresas como Iberdrola, Moeve y Acciona impulsar un Pacto de Estado climático.
Es cierto que muchos inversores eligen España por su capacidad de generar electricidad renovable barata. Sin embargo, el modelo verde empieza a mostrar importantes fisuras estructurales.
Miles de empresas llevan meses esperando conectarse al sistema eléctrico nacional. Son grandes consumidores que necesitan enormes volúmenes de electricidad para operar.
Solo en 2024, fueron rechazados 33.159 megavatios de un total de 67.154 MW solicitados. Esto significa que el 49% de las peticiones no pudieron atenderse por falta de capacidad.
Las exigencias del sector a los reguladores
Aelec insiste en que se necesita “un modelo retributivo coherente y estable“. La patronal reclama garantías para recuperar las inversiones realizadas en infraestructura.
También demanda “una retribución financiera adecuada” que atraiga el capital necesario para ampliar la capacidad. Las propuestas de la CNMC no van en esta dirección, según el sector.
La industria eléctrica considera insuficiente la respuesta regulatoria actual. Teme que la falta de inversión agrave aún más el problema de saturación.
La respuesta del Ministerio de Transición Ecológica
El equipo de Teresa Ribera ha reaccionado rápidamente a los datos publicados por las eléctricas. Destacan que desde 2020 se ha otorgado acceso suficiente “para doblar la demanda nacional”.
Transición Ecológica cifra en 43.000 MW la capacidad concedida para nuevas demandas energéticas. Esto equivale, según el ministerio, a “otra España entera” en términos de consumo eléctrico.
Los datos gubernamentales incluyen 12.000 MW para centros de datos y 11.300 MW para proyectos industriales. También contemplan 6.000 MW para desarrollos urbanísticos.
Distribución de la capacidad concedida por sectores
En el último lustro se han otorgado 3.000 MW específicos para proyectos de hidrógeno verde. Esta tecnología se considera clave en la transición energética española.
Los puntos de recarga para vehículos eléctricos han recibido 2.300 MW adicionales. El ministerio apuesta por la electrificación del transporte como prioridad estratégica.
“Hemos aprobado medidas para asegurar que el uso de las redes sea firme y evitar la especulación”, defienden desde Transición Ecológica. El Gobierno intenta equilibrar la demanda con la capacidad disponible.
La crisis de las redes eléctricas evidencia las contradicciones del modelo energético español. Mientras se presume de liderazgo renovable, la infraestructura colapsa bajo la presión de la nueva demanda.
