CC califica de “tomadura de pelo” el anuncio de la renta ciudadana

Noemí Santana

Noemí Santana / Gobierno de Canarias

Denuncian que el pacto de las flores recoge la instauración de la renta ciudadana, de manera urgente

Coalición Canaria-PNC ha acusado al Gobierno de Canarias de “tomar el pelo” a los canarios con una renta ciudadana que anuncian cada año para el siguiente, incumpliendo así el primero de los ejes del pacto suscrito por el pacto de las flores que recoge textualmente que “instauraremos por Ley, de manera urgente, la Renta de Ciudadanía que establece el artículo 24 del nuevo Estatuto de Autonomía”.

Los nacionalistas canarios calificaron de “vergonzoso” el anuncio hecho por la consejera de Derechos Sociales, Noemí Santana, de implantar la renta ciudadana el verano que viene. En este sentido, sostienen que “quienes tenían la solución para todo mientras estaban en la oposición, perdieron las prisas y las ideas al llegar a los despachos”.

Al respecto, la secretaria ejecutiva de Derechos Sociales de Coalición Canaria-PNC, Cristina Valido, apuntó que “estamos ante una Legislatura perdida en materia social, una Legislatura en la que se ha dado un paso atrás en políticas sociales justo cuando el área tiene más personal y recursos y en un momento coyuntural que tiene su precedente en la crisis financiera de 2008 pero que, a diferencia de entonces, cuenta con una herramienta como la Ley de Servicios Sociales aprobada al final de la legislatura pasada”.

Valido señaló que “los canarios y canarias, concretamente en este caso las personas en situación de exclusión social, son las grandes víctimas de una gestión nefasta, de compromisos sin cumplir y de excusas de una consejera y de un Gobierno incapaz y cómplice”.

Los nacionalistas canarios denuncian que el balance del área de Derechos Sociales es “funesto” y advierten que está inmerso en una parálisis que “castiga” a los ciudadanos y lo que es peor “a la población más vulnerable”.

Asimismo, recuerdan que la renta ciudadana no es el único “fracaso”, sino uno más de los incumplimientos que se suma a la incapacidad para consensuar con el tercer sector un catálogo de Servicios Sociales o la gestión en materia de Dependencia o una PCI que apenas ha llegado a 8.000 personas en medio de una crisis económica y social.

 

El Ilustrador

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