Al menos 63 familias de La Palma se encuentran sin contrato de alquiler

sin contrato de alquiler

La lava destruye una casa / Cáritas Diocesana de Tenerife

Cáritas Diocesana denuncia que estos damnificados por el volcán no pueden acceder a las ayudas que ofrece la Administración

Cáritas Diocesana de Tenerife ha constatado la «grave problemática de vivienda» que afecta a las personas damnificadas por la erupción volcánica de Cumbre Vieja, en la isla de La Palma.

En concreto, el equipo técnico operativo que viene trabajando con los afectados por el volcán, denuncia que la falta de oferta habitacional en la zona del Valle de Aridane está provocando que muchas familias se vean obligadas a aceptar residir en inmuebles sin contrato de alquiler.

Según informa la entidad eclesiástica, de las 135 familias acompañadas por Cáritas Diocesana de Tenerife, que en estos momentos viven de alquiler, un total de 63 se encuentran sin contrato de arrendamiento, a pesar de que manifestaron a los propietarios de las casas que sí deseaban formalizarlo.

Indefensión por residir sin contrato de alquiler

Desde el Gabinete Jurídico de la entidad dejan claro que este tipo de situaciones «conllevan varias consecuencias negativas para los inquilinos: en primer lugar, la inseguridad jurídica», ya que en la mayoría de los casos desconocen tanto la duración como el resto de condiciones del referido contrato de alquiler».

Además, «se genera una situación de indefensión, dado que la persona arrendataria desconoce las cláusulas de su alquiler, que pueden variar en cualquier momento (por ejemplo, subir la renta, dar por terminado el contrato, etc) sin que el inquilino pueda alegar que previamente se había acordado otra cosa».

De igual modo, los juristas de Cáritas destacan que la falta de contrato escrito hace que la persona inquilina no pueda defenderse ante los excesos que pueda cometer la propiedad».

No en vano, «en aquellos casos en los que, además de carecer de contrato escrito, el abono de la renta de alquiler se hace sin entrega de comprobante o de recibo, la persona inquilina tiene mayores dificultades para demostrar que no está ocupando ilegalmente la vivienda», recalcan desde el Gabinete Jurídico, que igualmente recuerdan la «imposibilidad de acceder a ayudas públicas para el pago del alquiler, deducciones fiscales y demás beneficios económicos».

Desde Cáritas Diocesana de Tenerife se insiste en la necesidad de que los arrendadores formalicen contratos físicos de alquiler, así como el hecho de dar recibos a los arrendatarios para que estos puedan acceder a las ayudas al alquiler que ofrece la Administración pública, que por derecho tienen las familias damnificadas de la erupción volcánica.

 

 

El Ilustrador

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.