3,7 millones más para el anillo insular de Tenerife

el anillo insular de Tenerife

Infografía del proyecto

El Gobierno de Canarias adapta los pagos a los precios actuales de los materiales de construcción

El Consejo de Gobierno de Canarias ha autorizado el gasto de 3.762.771 euros más para el anillo insular de Tenerife. El Gobierno regional actualiza los precios de las obras ejecutadas entre noviembre de 2021 y abril de 2022 por la UTE en el proyecto del Cierre del Anillo Insular de Tenerife, en el  tramo El Tanque-Santiago del Teide.

Según explica el Gobierno de Canarias, se adaptan así los pagos a los precios actuales de los materiales de construcción, cuyo valor se ha visto incrementado en el último año y medio debido al alza que ha experimentado la inflación en todo el mundo. Esta obra es la de mayor envergadura de todas las que ejecuta en la actualidad el Gobierno de Canarias, ya que se adjudicó en 2019 por más de 252 millones de euros.

«Esa revisión de precios es habitual en el seguimiento que la Consejería realiza a la ejecución de las obras que están en marcha, una norma que persigue adaptar los precios que la administración pública paga a las empresas que ejecutan sus proyectos a los precios reales de los materiales de construcción y a los posibles modificados de los proyectos», han explicado.

Reclamaciones en el anillo insular de Tenerife

La Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda informó de que en la actual legislatura se ha conseguido al fin agilizar estos pagos y evitar así que las empresas constructoras interpongan demandas por intereses de demora con reclamaciones millonarias.

Desde el Gobierno recuerdan que ya se autorizó, hace casi un año, un pago de 7,1 millones de euros para hacer frente a las reclamaciones de dos UTE que habían pedido a la Consejería una actualización de precios en el año 2014 y no se les atendió. Una de esas UTE, la que ejecutó las obras de la nueva carretera entre Adeje y Santiago del Teide, decidió acudir a la Justicia ante la demora de los responsables de la Consejería en 2014 para hacer frente a sus reclamaciones por revisión de precios y al pago de certificaciones de obras. Finalmente una sentencia les dio la razón en 2019 condenando al Gobierno a pagar una reclamación en concepto de intereses devengados por el retraso en los pagos de las revisiones de precios.

 

 

El Ilustrador

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