Visto para sentencia

Carlos Castañosa

Culminó el juicio celebrado en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias por los EREs que la compañía aérea BINTER CANARIAS aplicó a sus trabajadores en dos sucesivas y traumáticas actuaciones empresariales, cuya presunta irregularidad se puso en manos de la Justicia.

Han sido cuatro días de intensas y aleccionadoras cinco sesiones, con actuaciones tan reseñables como la del Inspector de Trabajo, que ratificó su informe -que la Dirección General de Trabajo del Gobierno de Canarias hizo suyo para interponer la correspondiente demanda de oficio-: y la del perito financiero presentado por la parte demandante; es decir, los trabajadores afectados, quien exhibió un testimonio demoledor en un alarde de conocimiento profundo y exhaustivo, por bien trabajado, sobre la infraestructura empresarial de un grupo que, bajo la marca BINTER CANARIAS, configura trece empresas y sociedades vinculadas entre sí, en un entramado mercantil que induce a la sospecha de presunta especulación, con prioridad económico-financiera sobre cualquier otra consideración, cual sería el sacrosanto concepto de la Seguridad, o el aireado espíritu de Servicio Público… Ni mucho menos, algún indicio de respeto por los derechos laborales, y por la dignidad de los trabajadores.

Las conclusiones expuestas por el único abogado de los demandantes, que representaba al sindicato STAVLA de TCP’s y SEPLA de pilotos, fueron una cadena de realidades incontestables. Cada eslabón era una evidencia para iluminar verdades camufladas a lo largo del tiempo por la mordaza institucional sobre un tabú informativo, ejercida desde intereses espurios y presiones tendenciosas. De hecho, ni un solo medio de comunicación asistió a ninguna de las sesiones, vulnerando, en apariencia, un derecho constitucional cual es el acceso de la opinión pública a una información “veraz” que, para que lo sea, debe ofrecerse como “toda la verdad y nada más que la verdad”. No es este el caso como consecuencia de conculcarse otro derecho fundamental: el de la libertad de información. ¿Acaso nuestra Carta Magna se esté convirtiendo en mero papel mojado?

Penosas parecieron las intervenciones de los seis (o siete) abogados de la parte contraria, pues para contrarrestar argumentos diáfanos, apenas podían recurrir más que a intentar la descalificación de los oponentes o a incidir en supuestos defectos de forma. En ningún momento pudieron profundizar en los verdaderos motivos del contencioso, ni tampoco pareció que les interesase meterse en ese compromiso. Incluso alguno, representante de NAYSA, compañía que pretendía inútilmente desvincular del “grupo”, ¿qué hacía tratando de justificar los EREs de otra empresa? Y en la misma bancada, las representaciones de CCOO y de UGT.. La primera, al servicio del grupo empresarial, intentando maltratar dialécticamente a los trabajadores de la otra parte. ¡Increíble!…( El segundo, de UGT, no pudo entrar en la sala por personarse sin corbata ni toga ).

Queda el veredicto del Tribunal. La sentencia no será firme porque admite recurso. Pero en el caso de que, en esta ocasión, coincida la lógica ciudadana con la interpretación de las leyes, y esta a su vez, con un sentido elemental de la Justicia, no parece probable que el grupo empresarial recurra una sentencia condenatoria por cuanto supondría de riesgo temerario de que, en una nueva vista, se profundizase más en la idiosincrasia y peculiaridad del entramado empresarial y en las maniobras especulativas, cuya muestra pareció ser la despótica imposición de unos EREs presuntamente fraudulentos.

 

 

Carlos Castañosa

http://elrincondelbonzo.blogspot.com

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