17 localidades sancionadas por vertidos contaminantes al mar

Vertidos contaminantes al mar

EDAR de Santa Cruz de Tenerife

Unid@s se puede pide explicaciones al Ayuntamiento de La Laguna acerca de los 600.000 euros que se invierten anualmente en la depuración de aguas

Hace ahora cinco años el Tribunal de Justicia de la UE condenó al Estado español porque 37 ciudades de más de 15.000 habitantes no depuraban correctamente sus aguas. A día de hoy, 17 de esas ciudades, entre ellas La Laguna (Tenerife) siguen realizando vertidos contaminantes al mar.

Anualmente el Ayuntamiento de este municipio tinerfeño invierte 600.000 euros en depurar sus aguas en la EDAR de Valle de Guerra, sin embargo sigue apareciendo entre las ciudades sancionadas por Bruselas, motivo por el que Unid@s se puede exige explicaciones al Consejo Insular de Aguas de Tenerife.

No es la primera vez que la formación política denuncia vertidos contaminantes al mar

Rubens Ascanio, portavoz municipal de Unid@s se puede en La Laguna insiste en que se trata de un problema de mala gestión de la depuradora de Valle de Guerra. “El Consejo Insular de Aguas de Tenerife debe aclarar qué hace con los 600.000 euros anuales que el Ayuntamiento de La Laguna paga para depurar esas aguas y que evidentemente no son tratadas correctamente, lo que supone otro ejemplo de mala gestión evidente e incumplimiento con la normativa, cobrándose por un concepto que durante años no se ha realizado”.

Pero no es la primera vez que se tienen noticias de la mala gestión de tratamiento de residuos por parte de esta depuradora. Su grupo ya denunció la existencia de informes del Gobierno de Canarias, concretamente los realizados por la empresa Civica Ingenieros SL, en los que se afirma que frente a los 4.500 metros cúbicos diarios que llegan a la depuradora de Valle de Guerra, solo 2.500 se tratan correctamente, mandándose el resto al emisario submarino con un tratamiento primario que no cumple las normativa.

La Comisión Europea se ha cansado de esperar y pide que se ejecute la sentencia que ya condenaba al Estado español hace cinco años y exige que se imponga una sanción de al menos 46,5 millones de euros, más una multa de 171.217 euros diarios si los deberes siguen pendientes cuando los jueces dicten su segunda resolución.

El Ilustrador

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