Supuesta malversación de caudales públicos en el ‘caso Emalsa’

La Ficalía ha abierto diligencias de investigación penal por presuntos delitos de fraude.

Tal como informa la Fiscalía Provincial de Las Palmas, se han incoado diligencias de investigación penal por dos delitos relacionados con el ‘caso Emalsa’. Por un lado, la supuesta malversación de fondos públicos y por otro, un delito societario relacionado con una importante operación inmobiliaria que fue denunciada en Francia.

Se trata de la adquisición de un nave en Los Tarahales que iba a ser comprada por 5,6 millones de euros cuando, según tasaciones independientes, ésta tenía un valor real que oscilaba entre los 800.000 y los 950.000 euros. Al parecer, Sercanaria -prestataria de servicios a la compañía mixta de aguas, Emalsa- tenía previsto adquirir esta propiedad a través de una operación de compra a la empresa de Seguridad Integral Canaria y gracias a un anticipo ofrecido por Emalsa.

El alcalde de la capital grancanaria, Juan José Cardona, tendrá que prestar declaración en el caso en calidad de testigo, y además deberá presentar documentación societaria, de auditoría y contable así como los contratos suscritos con Sercanaria y Satocan, puesto que a esta última entidad pertenece el edificio en el que se encuentra la sede oficial de Emalsa por la que la compañía paga un alquiler mensual de 75.000 euros. En 2011 la compañía, que tenía su sede en un edificio municipal -por lo que no pagaba alquiler- se trasladó a este nuevo inmueble -por entonces abandonado-, en el que únicamente ocupa una de las tres plantas alquiladas. Este edificio pertenece al presidente de Satocan, Juan Miguel Sanjuán, quien además es consejero de Emalsa.

 

 

 

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