“Se han repartido la ciudad como piratas”

Felipe CamposCelina Ranz

El “fuera de ordenación” ha sido uno de los conceptos más discutidos durante el último año en la ciudad de Santa Cruz de Tenerife. Desde el Ayuntamiento capitalino se desmintió que esto tuviera consecuencias prácticas sobre los inmuebles que quedaban en esta situación. Felipe Campos, abogado y portavoz de la Plataforma Vecinal contra el PGO, insiste en destapar las ilegalidades de este documento.

¿Qué es el Plan General de Ordenación Urbana?

Un Plan General de Ordenación es un documento que, en base a unos determinados cómputos de espacio y población, diseña la ciudad respondiendo al interés general y respetando la legalidad.

El PGO de Santa Cruz de Tenerife ha sido el reparto ilegal de la ciudad, llevado a cabo desde el despacho de unos privados. Es preocupante además que todos los medios de comunicación y parte de la sociedad civil, hayan sido cómplices y hayan presionando y silenciado todas las ilegalidades para que se pudiera llevar a cabo este documento.

El PGO sigue siendo un tema de actualidad pero, ¿a qué momento se remonta toda esta polémica?

Nosotros conocemos este Plan General desde hace un año y fue por casualidad porque nos contrataron unos clientes en verano, que es cuando salió a la luz pública. A raíz de ahí es cuando se descubre el fuera de ordenación, también casualmente, y analizando detenidamente estos documentos nos damos cuenta de todo lo que está sucediendo: unas cuantas personas se reparten la ciudad de forma ilegal y, sin informar de ello, dejan fuera de ordenación a otras 100.000, lo cual significa una pérdida importante de su patrimonio.

Y además de que haya afectado a tantas personas, ¿qué tiene de particular este PGO que ha sido tan controvertido?

A partir de entonces no es sólo  la gravedad de lo que el documento hace con la ciudad, sino la actitud de los grupos políticos, que demuestran que son afines a un régimen oligárquico, y de los medios de comunicación que están plegados completamente a los podereseconómicos hasta el punto de ser cómplices de algo tan repugnante como es un documento absolutamente ilegal.

“Estamos gobernados por una auténtica dictadura en la que una serie de políticos y empresarios mandan sobre todos”

Hemos visto cómo los políticos favorecen con sus favorcillos a personas como Sheila Trujillo, que votó a favor del documento y su familia ha salido ilegalmente beneficiada por ello. O el caso del Diario de Avisos, un periódico que es propiedad de Plasencia -sin duda uno de los grandes empresarios favorecidos por el Plan General- al que, a pesar de estar rodeado de inmuebles fuera de ordenación -porque según el Artículo 34 de la Ley sobre Régimen del Suelo es un terreno colmatado que no admite más aprovechamiento-, se le concede el privilegio de poder construir una torre. Y así más de cien casos.

Esto demuestra que no existe verdadera democracia y que en Santa Cruz estamos gobernados por una auténtica dictadura en la que una serie de políticos y empresarios mandan sobre todos y sobre todo. Es además un tema que trasciende a toda Canarias: el Caso Teresitas, el Caso Canódromo, el Caso Unión… Y mientras, los políticos siguen actuando con cinismo, como si aquí no pasara nada, y con total impunidad.

¿Qué implica exactamente el “fuera de ordenación”?

El fuera de ordenación implica que pierdes parte de tu patrimonio. Un plan general dice lo que se puede construir y cuánto se puede construir en un determinado suelo. Es decir, si tú tienes un edificio que se construyó legalmente y en el que se reflejaba que tenía 4.000 metros de volumetría, es en el Plan General donde tiene que aparecer reflejado que tú tienes esos 4.000 metros de volumetría. Si en el planeamiento siguiente a ese edificio le quitan mil metros para dárselo a otro, tú no te has enterado, pero tu edificio ya no tiene los mismos metros de volumetría, con lo cual se reduce parte de tu patrimonio porque se ha reducido parte del aprovechamiento de dicho inmueble. Y si tienes la mala suerte de que se te cae el edificio, en el nuevo plan sólo constaría que tienes 3.000 metros de aprovechamiento, con lo cual te han quitado una parte de tu edificio y, por lo tanto, una parte de tu patrimonio. Si vendes o hipotecas tu casa, tendrá menos valor, pues ya no será una parcela de 4.000 metros sino de 3.000.

Felipe CamposPero tanto Luz Reverón como Miguel Zerolo insisten en que esta situación está así desde 1992 y que no han surgido problemas hasta ahora, cuando los detractores del plan han creado esta especie de “alarma social”.

En primer lugar, es cierto que el documento existía y esta situación también. Pero el problema es por qué desde entonces esto no se le dijo a nadie. Todo se mantuvo oculto y cuando el plan salió a información pública, a nadie se le dijo que su casa estaba fuera de ordenación. El Ayuntamiento tenía la obligación de informar a los ciudadanos de esta situación porque era algo que afectaba directamente a su propiedad. No se dijo nada porque en su momento hubo una especie de complicidad general para no dar a conocer toda esta información. Y de hecho, no pasó nada por esto mismo: se vendieron casas, se hipotecaron casas y nadie sabía cuál era la situación pero, evidentemente, a esas personas les quitaron parte de su patrimonio.

Luego el plan se amplió y se ha descubierto todo esto, algo que también ha sucedido en otras ciudades como en La Coruña. Lo que pasa es que allí reaccionó la oposición y reaccionó la sociedad civil, de manera que hubo que incluir a todos esos inmuebles dentro de la ordenación. No se puede mentir y decir que no pasa nada.

Miguel Zerolo se ha defendido de estas acusaciones asegurando que el pasado mes de febrero se aprobó en el Parlamento una Proposición no de Ley para que las viviendas construidas con licencia y bajo el término de “fuera de ordenación” se equipararan al resto de las legales.

Pero, ¿no ha dicho Zerolo que el “fuera de ordenación” no significa nada? Entonces, ¿por qué hay que ampliar la ley? Por supuesto que el “fuera de ordenación” tiene consecuencias negativas y que por eso necesitan cambiar la ley. Si no implicara nada, los meterían a todos dentro de ordenación sin ningún problema. Sin embargo, cuando en Santa Cruz se descubrió el pastel el año pasado, ya se habían repartido la ciudad como piratas. Para favorecer y facilitar los nuevos pelotazos no se podían volver a realizar los cómputos pertinentes aplicando el Artículo 34 del Suelo porque entonces no se podrían llevar a cabo todos esos proyectos inmobiliarios. Pero tampoco se podía reconocer que aquello había sido un robo descarado en el que se repartían la ciudad a su antojo. Por eso casi la mitad de la ciudad está en fuera de ordenación.

Por otro lado, Luz Reverón declaró que no se podían incluir aquellos inmuebles que habían quedado fuera de ordenación desde 1992 porque estas áreas ya estaban colmatadas según el Artículo 34. Sin embargo, no es algo que hayan aplicado a toda la ciudad, sino que hay casos en los que se amparan en este artículo y casos en los que lo incumplen de manera descarada para favorecer a intereses privados: las torres del Diario de Aviso y del edificio de la Policía Nacional se ponen en un área colmatada que está fuera de ordenación, por ejemplo. Es como si hubiera ciudadanos de primer orden a los que se les conceden todos los privilegios y ciudadanos de a pie a los que no se les aplica la misma ley ni los mismos argumentos.

La concejal de Urbanismo, Luz Reverón, siempre ha asegurado que el “fuera de ordenación” no supone “ni expolio ni expropiación” y que el PGO era necesario para la ciudad. Si finalmente ha quedado desestimado, ¿qué interés tenía el Ayuntamientoen la aprobación de un PGO tan polémico como éste y de forma tan acelerada?

“Esto es peor que una expropiación, porque en una expropiación te pagan, pero aquí no te indemnizan por lo que te han quitado

Es que son dos problemas. Por un lado está el “fuera de ordenación” y por otro lado el hecho de que se haya descubierto. Un Ayuntamiento que ha sido autor y cómplice junto a los redactores del documento -a los que se les paga seis millones de euros para aprobarlo de forma arbitraria y delictiva- y que se reparte la ciudad para beneficio de unas personas concretas… el interés está ya implícito. Yo, como ciudadano, no veo ningún interés en aprobar un plan general que beneficia sólo a unos pocos y que perjudica a tantísismas personas. Si a eso le sumamos que se dejan fuera de ordenación a más de 100.000 ciudadanos y el argumento que se utiliza para justificar que no se les devuelva el patrimonio que se les ha robado es un argumento que no se aplica a todos por igual, el paquete ya está completo.

Esto es peor que una expropiación, porque en una expropiación te pagan, pero aquí no te indemnizan por lo que te han quitado. Lo grave es que tengamos políticos y medios de comunicación que se hayan prestado a mentir y a decir que esta situación no tiene ninguna consecuencia práctica. La postura de Luz Reverón y de Miguel Zerolo es impresentable porque están defendiendo un documento ilegal.

“Se ha puesto de manifiesto que los políticos actúan impunemente y que los medios de comunicación los respaldan”

Después de que el nuevo PGO quedara desestimado por la Cotmac ¿ha habido algún cambio de actitud por parte de los medios de comunicación que en su momento apoyaron al Ayuntamiento?

La situación ha ido a peor. Ahora hay una censura radical en el tratamiento de este tema. Se ha puesto de manifiesto que los políticos actúan impunemente y que los medios de comunicación los respaldan, lo que hace pensar que el dinero público que se invierte para hacer publicidad institucional en estos medios condiciona el hecho de que se hable de aquellos temas que afecten a dichas instituciones. Además, la campaña electoral ha agravado la situación porque, evidentemente, aquí se invierte mucho dinero. No pueden reconocer públicamente que se han gastado mil millones de pesetas en repartirse la ciudad. Es que ni siquiera se molestan en dar explicaciones cuando se les pregunta por las obras del barranco de Santos, el trayecto del tren del sur o tantas otras actuaciones urbanísticas en la ciudad que son completamente ilegales.

El alcalde Miguel Zerolo –entre otros muchos- ha criticado que ustedes se mueven por intereses económicos particulares y que son unos oportunistas.

¿Cuál es el interés particular de defender a 100.000 personas afectadas por un documento ilegal como es el PGO? Esto es un clásico: cuando alguien denuncia cosas tan graves como ésta, normalmente le atacan por este lado, buscando móviles o intereses ocultos en aquello que está denunciando. Yo no tengo ni móviles políticos ni móviles económicos. Nosotros no cobramos en la Plataforma Vecinal contra el PGO,  pero incluso si cobráramos, no estaríamos haciendo nada deshonroso, porque somos profesionales. Estamos trabajando desinteresadamente y a los políticos les molesta esta actitud porque están acostumbrados a hacerlo todo por dinero. Lo importante es el contenido de esa denuncia, las investigaciones que hemos hecho y lo que se ha descubierto. Todo lo demás sólo es una maniobra política para desviar la atención del asunto. Además, todos los políticos corruptos comparten esta misma manía persecutoria.

¿Creen que el nuevo plan que se presente se ajustará a las modificaciones demandadas por la Plataforma?

El Plan General se ha rechazado completamente, está desestimado. Ahora están trabajando en un documento nuevo que tendrá que ajustarse a los límites de la legalidad según lo establecido por la Cotmac y, desde luego, es muy difícil que todos esos pelotazos vuelvan a colarse en el nuevo documento.

Éste ha sido uno de los grandes fracasos políticos de Zerolo porque en siete años es ya la segunda vez que se rechaza el Plan General. El documento está desestimado: existía un límite temporal de cuatro meses en el que la Cotmac tendría que haberse pronunciado. Si no se pronunciaba, el plan quedaba desestimado por silencio administrativo. El plazo venció el 11 de julio por lo que ahora habrá que retomarlo o desde el avance o desde la aprobación inicial. El plazo máximo hasta que se remita nuevamente a la Cotmac es de dos años.

Por otro lado no hay que olvidar la investigación de la Fiscalía porque, aparte del contenido, el documento que se entregó fue presuntamente falsificado. El documento que entregaron los redactores el 23 de diciembre -después de las supuestas correcciones- para ser aprobado por el pleno el 4 de enero, no se corresponde con el que el Ayuntamiento presentó posteriormente a la Cotmac. Esto supone una gravísima presunta falsedad documental que fue presentada ante la Fiscalía.

La Plataforma seguirá denunciando y poniéndoles caras, nombres y apellidos a todas aquellas personas que se han repartido la ciudad de Santa Cruz de Tenerife. Es hora de que los ciudadanos se movilicen para que los políticos no actúen al margen de la ley, y eso sólo se puede lograr a través de la información.

“El fuera de ordenación es una herramienta de planeamiento completamente legal. Lo que no es legal es dejar a unas viviendas dentro y a otras fueras sin aplicar los mismos criterios y la misma lógica”

¿Qué hay de necesario en la nueva redacción del Plan General?

Es necesario hacer un nuevo documento en el que, para empezar, no se incremente la situación de los inmuebles fuera de ordenación. Además, es indispensable informar a los ciudadanos. Y por último, ha de ser un plan en el que sea prioritario devolver esos patrimonios que se quitaron. El “fuera de ordenación” es una herramienta de planeamiento completamente legal. Lo que no es legal es dejar a unas viviendas dentro y a otras fueras sin aplicar los mismos criterios y la misma lógica.

Comentaba el fiscal delegado de Medio Ambiente y Turismo de la Fiscalía Provincial de Las Palmas, Javier Ródenas Molina, que “con la legislación vigente, es rentable ser corrupto”.

La legislación es insuficiente. El Derecho Penal actualmente no está cumpliendo su función disuasoria: que la gente no cometa delitos por el temor de entrar en prisión. Hay muchos políticos en Canarias a los que no les afecta este temor y que, de hecho, después de haber estado imputados, han seguido haciendo exactamente lo mismo. Es necesario modificar la Ley para que cambie esta situación.

 

 

 

Celina Ranz

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