‘Se está produciendo un expolio de derechos y prestaciones públicas’

José Miguel Pérez critica el Plan Nacional de Reformas en el ámbito de la Educación.

El consejero de Educación, Universidades y Sostenibilidad del Gobierno de Canarias, José Miguel Pérez, manifestó hoy que “se está produciendo por parte del Gobierno central un expolio de derechos y prestaciones públicas, así como de todos los elementos que tienen que ver con los recursos y servicios básicos logrados históricamente en España y, en Educación, más concretamente, está realizando un ajuste de cuentas que tiene que ver con la imposición del modelo educativo que vertebra el PP, que es contrario a la equidad y que defiende que se lo pague el que pueda”.

José Miguel Pérez hizo estas declaraciones durante su valoración sobre las medidas incluidas en el Plan Nacional de Reformas en el Ámbito de la Educación de las que informó ayer el ministro de Educación José Ignacio Wert, durante la conferencia sectorial de Educación celebrada en Madrid.

“Estas medidas son un drenaje de derechos y recursos”, puntualizó el vicepresidente y consejero, indicando que “se han roto las formas que garantizan lealtad institucional en la relación entre las administraciones autonómicas y central y esto es muy grave. Lo estamos viendo en todas las sectoriales, que normalmente deben venir precedidas de reuniones y acuerdos y esto no se está haciendo, aunque sí que hay encuentros previos únicamente con las comunidades del PP”.

En concreto, sobre las medidas anunciadas ayer por Wert, señaló que “son profundamente lesivas, suponen un retroceso para Canarias y van en contra de la calidad y la eficiencia”, además de añadir que “no van a tener el efecto esperado del Gobierno central relativo a los 3.000 millones de euros de ahorro”.

Según las primeras estimaciones del Gobierno de Canarias, las medidas “impuestas” y anunciadas ayer por el Ministerio, con las que la Consejería no está de acuerdo, podrían perjudicar a unos 3.500 docentes en el Archipiélago. No obstante, también explicó que el Ejecutivo autonómico estudiará si la acción del Gobierno de Rajoy interfiere en las competencias autonómicas y, en tal caso, se estudiaría la posibilidad de tomar, en su momento, medidas legales.

 

 

 

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