Sanidad anuncia el cierre de la Unidad de Cirugía Cardíaca Infantil

Mercedes Roldós considera que esta decisión es una temeridad mientras se mantiene la Televisión Canaria o la Policía autonómica.

La portavoz del Grupo Popular en la Comisión de Sanidad de la Cámara Regional, Mercedes Roldós, considera que el cierre de la Unidad Médico Quirúrgica de Cardiología Pediátrica y Cardiopatías Congénitas del Hospital Universitario Materno Infantil de Canarias, es “una decisión temeraria que supondrá un aumento de la mortalidad y la morbilidad”, y pone en riesgo la vida de muchos niños con cardiopatías, que tendrían que ser trasladados a la Península para operarse.

Roldós asegura que el cierre anunciado por la Consejería de Sanidad supondría “una vuelta al pasado” con graves repercusiones para la sociedad y que “el coste en vidas por un criterio estrictamente económico, no justifica que se prescinda de este servicio que es un referente a nivel internacional”.

En ese sentido, la diputada del PP se lamentó de que la propia Consejería se gaste 700.000 euros en publicaciones, o en mantener la Radio Televisión Canaria y un cuerpo de Policía Autonómica, “que ahora mismo no son prioritarios”, antes que salvar vidas en una unidad cuyo coste no llega al millón de euros al año.

Roldós puso también de manifiesto que, “si el criterio económico fuera determinante, habría que cerrar otras seis unidades de las trece que hay en España”. La diputada popular mostró también su estupefacción con la consejería de Sanidad, que ha llegado a proponer que cuando se detecten anomalías de esa naturaleza en el feto durante las pruebas diagnósticas que se realizan a las embarazadas, sean trasladadas a la Península para ingresarlas en un hospital hasta que den a luz.

Por último la portavoz popular en la Comisión de Sanidad del Parlamento de Canarias anunció que el Grupo Popular  “va a ir donde haga falta para defender el mantenimiento de este servicio” y que de hecho ya se ha presentado una Pregunta Oral, una Interpelación y una Proposición No de Ley, para que el Gobierno de Canarias adopte las medidas necesarias que garanticen la continuidad del servicio.

 

 

 

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