Reducir el absurdo

Incomprensibles resultan para el ciudadano normal algunas decisiones o actitudes de nuestros representantes institucionales.

Las asociaciones ciudadanas surgen como una necesidad espontánea ante problemas que, una vez detectados, o sufridos a pie de calle, se  plantean ante  las autoridades competentes. Se ofrecen soluciones colectivas con espíritu de cooperación gratuita y desinteresada para ayudarles a cumplir con unos deberes que, en apariencia, no son capaces de resolver por sí solos, bien por incapacidad funcional  o desidia manifiesta.

Los motivos que inducen a la población a agruparse ante un objetivo común, suelen ser aspectos municipales de tipo social, económico o, simplemente de infraestructuras. El rechazo de las autoridades es sistemático. Bajo la apariencia de aceptación inicial y de reconocimiento legal de una determinada plataforma reivindicativa (Ley 5/2010, de 21 de junio, Canaria de Fomento de la Participación Ciudadana), se establece una relación desigual en la que la buena fe de esa iniciativa popular suele verse sorprendida por actuaciones oficiales rayanas en el absurdo, exentas de sentido común y siempre tendentes al engaño, en clara postura de intentar quitarse de delante una molestia en forma de conciencia colectiva de la que ellos no participan.

La confusión burocrática, consecuente con la abundancia de dependencias y la multiplicidad de competencias, permite la dispersión de responsabilidades y da facilidad para escurrir el bulto sacudiéndose el problema hacia otras mesas, ventanillas  o  diferentes cargos.

Hay muletillas instituidas que no fallan a la hora de recibir respuesta a una cuestión planteada: “No. Es que para esto no hay dinero”. “No.  Es que esto no es responsabilidad de este  negociado”. “No. Es que ahora no es buen momento”. “No. Es que el problema viene de atrás”. En fin, siempre el “NO. Es que…” por delante, cuando no empiezan con un SÍ para distraer la  atención: “Si, sí. Ya hemos empezado las obras”. ¡Mentira! Apenas montan el  paripé de un “lavado de cara” para disimular su inutilidad.

Suelen ser tan necios que nos creen tontos  a todos los demás y que nos tragamos sus buenas palabras sin capacidad de análisis. Confunden la buena fe con ingenuidad y la confianza con credulidad. Pero llega un momento en que la esperanza de que alguna vez los hechos cumplan con la palabra dicha, y de que  la responsabilidad política coincida con algún principio ético, se frustra definitivamente. Es cuando el espíritu de colaboración se troca en indignación y el esfuerzo ciudadano deriva hacia la firmeza reivindicativa.

Ejemplo: Desde la Asociación “Por la Rehabilitación del Parque Cultural Viera y Clavijo” se destapó el expolio de un patrimonio histórico, así como los daños y perjuicios inferidos a la población de Santa Cruz por el abandono, presuntamente doloso, de unos Bienes declarados de Interés Cultural convertidos en vertedero.

Desde un principio se planteó a las autoridades un problema de carácter humanitario que impedía cualquier acción para iniciar las obras de rehabilitación. El asentamiento de okupas en las desvencijadas instalaciones del parque, en unas condiciones de vida infrahumanas, requería la intervención urgente  y decidida de los Servicios Sociales para solucionar la precaria  situación  de estas personas desamparadas, con alto riesgo tanto para su salud como para su integridad física ante la posibilidad de incendio por acumulación de basuras en los interiores.

Desde el Ayuntamiento, se negó taxativamente la existencia de okupas en el parque. La investigación in situ de algunos medios de comunicación comprobó la mentira oficial y así fue publicado.

Como el problema persistía, pareció que iba a solucionarse. Tras supuestamente realojar a los afectados, pudo comprobarse – en visita de inspección propuesta por el concejal responsable, el pasado 20 de abril –  que los barracones de obra abandonados en terrenos del parque, habitáculo que también servía de refugio a un número indeterminado de personas, se estaban desmantelando y  a punto de  ser retirados en camiones preparados al efecto.

Sorpresivamente, a los pocos días se pudo observar que los mismos barracones de obra estaban  reinstalados en el mismo sitio y evidentemente habitados de nuevo.

Avisada  la Policía  Municipal, se le explica a esta parte que no procede el desalojo, pues si los moradores tienen enseres domésticos en el interior, se considera que es su “vivienda habitual” y que legalmente tienen derecho a ocuparla. ¿No sería el mismo caso cuando un banco desahucia? ¿Cómo y por qué motivo puede  el Ayuntamiento facilitar y fomentar esta flagrante  irregularidad?  Alcanzado el absurdo, intentemos reducirlo.

Esta situación bloquea momentáneamente el proyecto de rehabilitación del parque por incompatibilidad del entorno cultural y de esparcimiento con unos pobladores marginales, cuya actitud desafiante y agresiva puede suponer falta de seguridad. ¿Cómo va a instalarse un parque infantil en  zona tan crítica?

No es juicio temerario sospechar la intencionalidad oficial de mantener indefinidamente esta situación precaria e inhumana para boicotear cualquier atisbo de rehabilitación. Si así fuera, la entidad moral de los artífices de dicha premeditación y alevosía solo merece desprecio.

El absurdo quedaría reducido por insuficiente, y la indignación dejaría sitio a la vergüenza ajena.

 

Ana Mendoza

Presidenta de la Asociación “Por la Rehabilitación del Parque Cultural Viera y Clavijo”

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