Presunto delito de prevaricación del Cabildo de Fuerteventura

prevaricación del Cabildo de Fuerteventura

Cabildo de Fuerteventura

La Fiscalía ha admitido una denuncia de Podemos relacionada con la compraventa de una nave industrial en El Cuchillete

Podemos puso en conocimiento de la justicia lo que parece ser un nuevo delito de prevaricación del Cabildo de Fuerteventura, tal como lo ha calificado la formación política y como ya lo está valorando la Fiscalía Provincial de Las Palmas.

El Cabildo majorero adquirió una nave en la zona industrial de El Cuchillete, en el término municipal de Tuineje, como centro logístico para guardar vehículos y maquinaria en el sur de la isla. Dicha nave fue comprada a la empresa Comercial Vehículos Maxorata, S.L., por un valor de 1.100.960 euros a pesar de tres informes negativos emitidos por la Secretaría del Cabildo que explicaban que en el expediente no se justificaba “por qué el nuevo centro de trabajo pretendido debe estar en esa ubicación concreta y no en otra”.

El desembolso injustificado en estas instalaciones hacen sospechar de un delito de prevaricación del Cabildo de Fuerteventura

La nave adquirida por el Cabildo no tiene acceso a la FV-2 (uno de los requisitos del pliego de condiciones) y su compra parece haber sido fruto de una decisión arbitraria por parte de Manuel Miranda Medina, actual Director de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información y ex-consejero de Hacienda del Cabildo de Fuerteventura, según denuncia Podemos.

En esta acusación la formación política también incluye a Edilia Pérez Guerra (CC), consejera insular de Obras Públicas, Rita Díaz Hernández (PSOE), concejala en el Ayuntamiento de Tuineje, ex-consejera insular de Agricultura y presidenta de la Ejecutiva Insular Socialista, además de los antiguos consejeros insulares Eugenio Cabrera Montelongo (PP) y Manuel Travieso Darias (AMF), también ex-alcalde de Puerto del Rosario y ex-senador por CC. “De nuevo CC ha utilizado dinero público para socorrer a un particular de su entorno, favoreciendo su red clientelar por encima de las necesidades del conjunto de la ciudadanía”, insiste Podemos

Al parecer las condiciones del pliego estaban dirigidas a la compra de esa nave en concreto a pesar de no cumplir con los requisitos deseables para unas instalaciones de este tipo. Es de destacar que la empresa adjudicataria se encontraba en graves problemas económicos y que la nave mantenía una hipoteca de 805.000 euros.

 

 

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