Podemos vuelve a cuestionar la política presupuestaria de Clavijo

política presupuestaria de Clavijo

Consejo de Gobierno de Canarias

El informe de la Audiencia de Cuentas revela que el Gobierno de Canarias falseó las cuentas de 2017 para “poder presumir de superávit”

La falta de rigor y transparencia en la comunicación y el análisis de estas cifras pone en cuestión la política presupuestaria de Clavijo. Con todo, el Grupo Parlamentario Podemos Canarias advierte de que las “mentiras” en relación a las cuentas del archipiélago no es nada nuevo. Ya en noviembre de 2017 la formación morada advirtió del “uso habitual” por parte de la consejera de Hacienda, Rosa Dávila, “del maquillaje en los datos reales, falta de rigor en la comunicación y en el análisis, con marcadas intencionalidades mediáticas”.

La verdadera política presupuestaria de Clavijo no serviría “para dar un buen titular”

Desde el inicio de la legislatura el Grupo Parlamentario Podemos Canarias ha puesto en duda “cada dato presupuestario con el que el Gobierno de Canarias ha alardeado, retorciendo los números para conseguir un buen titular”.

La formación política insiste en que muchas veces “los datos chirriaban descaradamente teniendo en cuenta que Canarias está a la cola del Estado en numerosos indicadores sociales, como la tasa de riesgo de pobreza, la atención a la dependencia, los servicios sociales, las listas de espera de la sanidad o el paro estructural”. Con todo, el Gobierno regional siempre ha tratado de demostrar que la política presupuestaria de Clavijo estaba dando resultados positivos.

La portavoz parlamentaria de Podemos Canarias, Noemí Santana, ha subrayado en sus declaraciones “la incompentencia” de la consejera Rosa Dávila en la gestión de las Cuentas del archipiélago. Asimismo, ha insistido en otros ejemplos del caos que existe actualmente en la Agencia Tributaria, con colas de los usuarios para poder hacer sus trámites; pasando por la amnistía fiscal incluida en los últimos presupuestos de Canarias a favor de los estibadores de nada más y nada menos que de 13 millones de euros; la inejecución de los fondos estatales contra la pobreza y los intereses que se han generado por la falta de previsión; los créditos extraordinarios y suplemento de crédito de 2017 y 2016 que no se ajustaron a la finalidad que la Ley prevé para los mismos.

 

 

El Ilustrador

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