Pensiones de las Clases Pasivas: discrimina que algo queda

José Manuel Adán

¿Por qué se discrimina a los pensionistas procedentes del sistema de Clases Pasivas en relación con los procedentes de la Seguridad Social?

La diferencia de la pensión mensual entre un pensionista procedente de las Clases Pasivas y otro procedente del Régimen General de la Seguridad Social puede llegar fácilmente a los 550 euros. Si además se tiene en cuenta que a los funcionarios del Estado cuando llega el momento de jubilarse aun cuando les corresponda por su edad y años de servicio una pensión P por motivos estructurales del déficit se reduce al denominado límite máximo del año en que se jubile, lo que constituye una injusticia manifiesta, ya que la pensión es un anticipo mensual que el cotizante ha ido entregando al Estado todos los meses a lo largo de su vida activa para que, en la época en la que ha de jubilarse, vaya percibiendo todo lo que anteriormente entregó, por lo que la reducción ab initio ya es una flagrante injusticia. Todo ello sin tener en cuenta la doble imposición que supone la tributación durante la vida activa y la posterior durante la pasiva. ¿Por qué los funcionarios han de cargar siempre con las ineptitudes de los gobernantes? Si las Comunidades Autónomas gastan más de lo debido sobrepasando los límites que les marca el Gobierno de la Nación, no hay que preocuparse, se reduce el salario de los empleados del Sector Público o las Pensiones.

En este caso, aunque subrepticiamente, han sido las pensiones de los funcionarios del Estado. Pero no de todos, con lo que se produce en algunos casos doble discriminación, entre funcionarios del Estado y entre éstos y los del Régimen General de la Seguridad Social. Pasen y vean.

La Ley 40/2007 de 4 de Diciembre permitió bonificar las pensiones por prolongación de los afiliados al Régimen General de la Seguridad Social. Consciente el legislador de que de esta forma se generaba una discriminación por este complemento con el Régimen Especial de Clases Pasivas, la citada Ley en una disposición adicional manifiesta que el Gobierno “remitirá” un proyecto de Ley a fin de que sea plenamente de aplicación a los funcionarios públicos lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 163 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social y “todo ello con su misma vigencia” Pero no ha sido hasta la aprobación de la Ley 36/2014 de 26 de Diciembre de Presupuestos Generales del Estado para 2015 donde se reconoce por primera vez a los funcionarios del Estado encuadrados en el Régimen Especial de Clases Pasivas del Estado que hayan permanecido en Servicio Activo después de los 65 años y que se jubilen durante 2015 y años sucesivos, el derecho a percibir una bonificación equivalente a un determinado porcentaje de la pensión máxima legal. ¿Qué pasa entonces con los funcionarios jubilados durante los años que van desde 2007 al 2014? Los Gobiernos de Zapatero y el del Registrador durante esos años al no legislar de forma justa y equitativa han producido un quebranto económico en los haberes de dichos funcionarios con respecto a sus compañeros (funcionarios de Comunidades Autónomas, de Administración Local, de Organismos Autónomos e incluso funcionarios de la Administración General del Estado que se jubilen a partir de 2015). Sin entrar a valorar la dificultad de ingreso en la Administración General del Estado en relación con la de otras Administraciones, ya que no es el momento del debate no obstante estar fuera de toda duda, en el hipotético caso en el que un contratado laboral que no hubiera podido aprobar el examen de ingreso en la Administración General del Estado y otra persona que lo hubiera aprobado, ingresando ambos el mismo día y jubilándose ambos el mismo día al estar acogidos a distintos regímenes de Seguridad Social el contratado laboral podría tener hoy una pensión 500 euros mensuales superior a la del funcionario.

El artículo 14 de la CE (recordemos “Los españoles son iguales ante la Ley..”) desarrollado entre otras por la Sentencia del Tribunal Constitucional 90/1989 de 11 de Mayo, impide que un poder público dé un tratamiento desigual a quienes se encuentran en situaciones similares, cuanto más si las situaciones son iguales, además determina que si se introducen elementos diferenciados para justificar tratamientos distintos, esos elementos han de ser razonables y no constituir una excusa para producir, de hecho, un tratamiento arbitrariamente desigual y discriminatorio.

El retraso del Gobierno en desarrollar el mandato legal ha producido discriminación en los pensionistas de Clases Pasivas con relación a los pensionistas del Régimen General de la Seguridad Social, con relación a los pensionistas de los regímenes especiales de la Seguridad Social y con relación a otros pensionistas del Régimen de Clases Pasivas lo que conduce a una clara desigualdad de trato en contra de lo establecido en la CE y sentencias de desarrollo.

De acuerdo con los estudios realizados por los colectivos afectados, durante el periodo 1 de Enero de 2008 al 31 de Diciembre de 2014 todos los funcionarios del Estado encuadrados en el Régimen de Clases Pasivas jubilados con 66,67,68,69 o 70 años y que con 65 años cumplidos hubiesen prestado 35 años o más de servicios al Estado, han sufrido una discriminación brutal con respecto a los funcionarios que se han ido jubilando con esos mismos años de edad y de prestación de servicios pero que por circunstancias totalmente ajenas a su voluntad, han sido encuadrados en el Régimen General de la Seguridad Social, siendo la mayor discriminación, la correspondiente a los jubilados con 70 años y con más de 42 años de servicios prestados.

Los funcionarios del Estado, que no piden las pensiones de los Diputados, tienen derecho a ser escuchados y atendidos y sobre todo a no ser discriminados.

 

 

José Manuel Adán

Economista e Inspector de Finanzas del Estado

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