Nuevas medidas para la ‘regeneración democrática’

Prohíben completamente las donaciones a partidos políticos por parte de personas físicas o jurídicas.

El Gobierno ha aprobado dos anteproyectos de Ley y nuevas medidas penales y procesales que constituyen el “núcleo esencial del plan de regeneración democrática y responden al compromiso del Gobierno de luchar contra la corrupción”.

Dentro del Anteproyecto de Ley orgánica de control de la actividad económica-financiera de los partidos políticos se encuentran las siguientes medidas:

  • Prohibición de donaciones de personas jurídicas a los partidos políticos.
  • Prohibición de condonaciones de deuda por entidades de crédito.
  • Devolución de las donaciones indebidas.
  • Obligación de todos los partidos de presentar sus cuentas al Tribunal de Cuentas.
  • Retención de las subvenciones a los partidos políticos que no hayan presentado sus cuentas.
  • Obligaciones tasadas en la contabilidad de los partidos.
  • Obligaciones más estrictas en publicidad y transparencia de los partidos.
  • Regulación de la figura del responsable de la gestión económica-financiera del partido y rendición de cuentas ante el Parlamento.
  • Nuevas infracciones y sanciones en materia de financiación de partidos.
  • Previsión de cobro de las sanciones en período ejecutivo por la Agencia Tributaria.
  • Obligación de inscripción en el Registro de Partidos de las fundaciones y asociaciones vinculadas a partidos políticos.
  • Obligación de definir un procedimiento normalizado de contratación por parte de los partidos políticos.
  • Regulación del contenido mínimo de los estatutos de los partidos políticos.
  • Adaptación a la responsabilidad penal de los partidos políticos.
  • Colaboración de las entidades integrantes del sector público con el Tribunal de Cuentas.
  • Reconocimiento de la capacidad de creación de partidos políticos a todos los ciudadanos de la Unión Europea.

Dentro del Anteproyecto de Ley reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado aparecen las siguientes normas:

  • Exigencia de requisitos de idoneidad y de una declaración responsable.
  • Regulación de las causas por las que se considera que no concurre honorabilidad profesional y, por lo tanto, no puede considerarse idónea a una persona para el desempeño de un alto cargo.
  • Fijación de los principios que rigen el ejercicio de las funciones de alto cargo.
  • Regulación del régimen retributivo y de protección social.
  • Regulación de la compensación tras el cese.
  • Control sobre los gastos de representación.
  • Prohibición del uso de tarjetas de crédito.
  • Creación de un sistema de alerta temprana de conflicto de intereses.
  • Limitación al ejercicio de actividades económicas privadas tras el cese.
  • Homologación de las declaraciones de actividades, bienes y derechos.
  • Control de la situación patrimonial del alto cargo al final de su mandato.
  • Refuerzo de la Oficina de Conflictos de Intereses.

Además, el Gobierno ha establecido una serie de medidas penales y procesales para “luchar contra la corrupción”:

  • Endurecimiento de las penas en supuestos de prevaricación de especial gravedad.
  • Refuerzo en la persecución de los delitos de cohecho.
  • Ampliación de las conductas tipificadas como tráfico de influencias.
  • Revisión de los delitos de fraudes y exacciones ilegales.
  • Incremento de penas para los delitos patrimoniales más graves.
  • Revisión del delito de falsedad contable.
  • Incorporación de nuevos delitos relacionados con la financiación y la gestión de los partidos.
  • Articulación de nuevas medidas contra ocultación de bienes y para su devolución a las arcas públicas.
  • Agilizar de los procedimientos en casos de corrupción.
  • Agilizar casos de acumulación de procesos.
  • Permitir la determinación de la responsabilidad civil en un proceso distinto para agilizar el proceso anticorrupción.
  • Evitar la utilización de recursos en el proceso con finalidad dilatoria.

 

El Ilustrador

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