Archivada la causa abierta contra el empresario Miguel Ángel Ramírez

Miguel Ángel Ramírez

Miguel Ángel Ramírez / Snecci

El juzgado desestima la presunta insolvencia punible denunciada por el Ministerio Fiscal

Durante la investigación de supuestos delitos contra la Hacienda Pública al frente de Seguridad Integral Canaria, el Juzgado de Instrucción número 8 de la capital grancanaria impuso al empresario Miguel Ángel Ramírez una fianza de 17 millones de euros. Fue en este momento y coincidiendo con su proceso de divorcio, cuando Ramírez inició la liquidación de la sociedad de gananciales con la que hasta entonces era su mujer.

El Ministerio Fiscal decidía entonces presentar cargos contra el empresario al detectar que, en su reparto de bienes con la que hoy es su exesposa, podría estar “poniendo en peligro” el pago o cumplimiento de las obligaciones civiles “objetivamente y en abstracto”, lo que podría constituir un delito de insolvencia.

Con posterioridad y con el cambio de magistrado al frente de dicha investigación, la juez Carla Vallejo rebajó la fianza a 3.251.950 euros, cantidad que el investigado declaró de manera cautelar en la cuenta del Juzgado asegurando su defensa que se trataba de una suma a la que sí podía hacer frente.

La última documentación presentada permiten pensar que Miguel Ángel Ramírez podría ser declarado solvente

Tras distintos hitos procesales en los que el Juzgado de Instrucción número 8 se inhibió en el conocimiento de estos hechos para formar pieza separada que finalmente llegó al Juzgado de Instrucción número uno, la defensa de Ramírez y de otras personas y sociedades investigadas en el procedimiento interesaron el archivo de las actuaciones, petición a la que se adhirió el Ministerio Público, representado por la fiscal Eva Ríos, al entender que efectivamente el depósito de la fianza eliminaba cualquier sospecha de que el empresario se hubiera valido de su proceso de divorcio para evitar que la Justicia se quedara con sus bienes.

En criterio del instructor, expone el auto, “como apuntan las defensas y el propio Ministerio Fiscal, se ha de archivar el procedimiento, pues la fianza se ha prestado, y aunque en su momento todavía no se había declarado la solvencia del deudor porque, como se dice en el propio certificado, están pendientes de resolverse algunos recursos presentados, la documentación aportada ahora por el Ministerio Fiscal (auto de la Audiencia Provincial de Las Palmas en el que se fija el importe de la fianza en la cantidad ya garantizada) y las alegaciones de la defensa permiten pensar que podrá ser declarado solvente”.

La resolución judicial es susceptible de recurso, si bien parece evidente que todas las partes están de acuerdo en que lo que procedía era el sobreseimiento.

 

 

El Ilustrador

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