Continúa la polémica con el empresario Miguel Ángel Ramírez

Miguel Ángel Ramírez

Miguel Ángel Ramírez / Snecci

Reclaman al Ayuntamiento del Puerto de La Cruz que deje de contratar a Seguridad Integral Canaria mientras que en La Laguna piden declarar persona non-grata al empresario

La Asamblea Ciudadana Portuense (ACP) denuncia que el grupo de gobierno en el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz (PP-CC) ha adjudicado de manera directa a Seguridad Integral Canaria el transporte del efectivo recaudado en la Tesorería Municipal a las entidades financieras.

Para la formación asamblearia, es inadmisible que el consistorio “continúe otorgando contratos a dedo a una empresa que lleva meses sin pagar a gran parte de su plantilla y que atenta sistemáticamente contra los derechos de sus trabajadores”.

La ACP destaca que Seguridad Integral Canaria, propiedad del empresario Miguel Ángel Ramírez, ha sido denunciada ante la Fiscalía por el Gobierno de España debido a infracciones detectadas por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

La Asamblea Ciudadana Portuense señala además que, en las últimas semanas, “Seguridad Integral Canaria ha saltado de nuevo a la actualidad, junto a otras empresas del mismo propietario, por llevar más de dos meses sin abonar el salario de su personal, lo que ha desembocado en huelgas y protestas en todo el país, dado que Ramírez acapara adjudicaciones de servicios de vigilancia y limpieza en edificios públicos de numerosas administraciones”.

Miguel Ángel Ramírez, persona non grata en La Laguna

Por su parte, Unid@s se puede en La Laguna impulsará en el próximo pleno municipal una moción para declarar persona non grata al empresario Miguel Ángel Ramírez, “por el inmenso sufrimiento que está causando a muchas familias en La Laguna y en otros municipios de la isla”, indica el concejal, José Marrero.

Para Marrero, “hay trabajadores de seguridad privada y de limpieza que llevan meses sin cobrar y que están teniendo que acudir a las ONG´s del municipio a recoger alimentos, a otros les está cortando la luz o no puede pagar sus hipotecas”.

Según explican desde Unid@s se puede, el presidente de la UD Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, es el dueño de empresas como Seguridad Integral Canaria o Ralons, además de estar vinculado a otras como Sinergias o Marsegur que en su mayoría tienen contratos con la administración pública.

Según el concejal de Unid@s se puede, “sus prácticas han sido siempre contra los intereses de los trabajadores, pero en estos últimos meses la cosa ha ido a más, dejando de abonar directamente las nóminas”.

Para la formación política la responsabilidad recae tanto en el empresario que no cumple como en las administraciones públicas que consienten y no penalizan a estas empresas.

 

El Ilustrador

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