Desestimada la sentencia del empresario Miguel Ángel Ramírez Alonso contra un concejal del Ayuntamiento de LPGC

Miguel Ángel Ramírez Alonso

Jacinto Ortega del Rosario y Miguel Ángel Ramírez Alonso

Jacinto Ortega del Rosario llamó “corrupto y corruptor” a Ramírez durante una rueda de prensa

Sucedió durante la etapa en la que el demandado era delegado sindical en una empresa de seguridad privada. El empresario Miguel Ángel Ramírez Alonso consideró que las acusaciones de Ortega del Rosario suponían una intromisión en su honor, motivo por el que interpuso una demanda que finalmente ha sido desestimada por la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo.

Esta sentencia anula el pago de una indemnización de 4.000 euros que el juzgado nº 13 de las Palmas de Gran Canaria le impuso al considerar que con esas afirmaciones había dañado el honor del empresario canario que, además es presidente del club de fútbol Unión Deportiva Las Palmas. Esa sentencia y la posterior de la Audiencia Provincial de las Palmas de Gran Canaria, que confirmó el fallo, han sido revocadas por el Tribunal Supremo.

Los hechos demandados por Miguel Ángel Ramírez Alonso se remontan a 2015

El ahora concejal del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Ortega del Rosario, se refirió a Miguel Ángel Ramírez Alonso como a un “corrupto y corruptor” durante el transcurso de una rueda de prensa convocada para informar sobre una huelga de trabajadores convocada por los Comités de la empresa Seguridad Integral Canaria, de la que el demandante es accionista mayoritario, y en la que se dice, además, que once trabajadores habían sido represaliados por la huelga convocada.

Tras la intervención de diversos portavoces sindicales, el demandado afirmó que “detrás de un empresario corrupto, de un empresario corruptor, hay un político corrupto”. Unos meses más tarde, realizó unas declaraciones ante los medios de comunicación en las que aseguró que no había tenido intención de dañar su honor, “pues no se daña el honor de alguien que no lo tiene, lo que hace imposible el daño”.

Para la Sala, las expresiones proferidas por el demandado respecto del demandante en dicha rueda de prensa y, posteriormente, en una entrevista a la salida de un acto de conciliación, en ambos casos a raíz de un conflicto sindical, “no suponen una intromisión ilegítima en el derecho al honor” de Miguel Ángel Ramírez Alonso. Según establece la sentencia, el empleo del término corrupto, o de empresario corruptor, o la afirmación de que el demandante carece de honor “debe valorarse en un contexto muy concreto como es el grave conflicto social y sindical existente con ocasión de una huelga iniciada por los trabajadores y de los expedientes sancionadores a alguno de ellos, en una empresa del actor, en el que de una forma incidental, junto a la denuncia de la cercanía del empresario con la administración, se vertieron tales expresiones, y es en este marco concreto, y no en otro, de interés público o sindical, por la proyección social, pública y empresarial del afectado, en el que se han de valorar tales expresiones para hacerlas prevalecer sobre el honor del demandante, pues de otra forma resultaría restringido en términos incompatibles con el núcleo de este derecho, si se antepusiera el honor del demandante como obstáculo para el ejercicio del derecho a la crítica de sus actuaciones”.

 

 

El Ilustrador

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