Los usuarios tienen una ‘absoluta desinformación’ del copago

El Gobierno de Canarias ha transmitido al Ministerio de Sanidad los problemas detectados durante la primera semana de su aplicación en las Islas.

La consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, Brígida Mendoza, anunció hoy que han trasladado a la Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, «los problemas detectados durante la primera semana de entrada en vigor del Real Decreto Ley 16/2012, en lo que a modificación de la aportación farmacéutica por parte del usuario se refiere».

La Consejera de Sanidad ha expuesto que «en la actualidad los usuarios tienen una absoluta desinformación dado que la administración que el Real Decreto Ley manifiesta como competente en materia de aseguramiento, que es el Instituto Nacional de la Seguridad Social -INSS-, no está resolviendo los problemas planteados por los ciudadanos»

Según Brígida Mendoza «durante el tiempo transcurrido desde la publicación del Real Decreto Ley hasta la entrada en vigor del mismo hemos intentado definir los mecanismos de información a los usuarios para que quedara lo más definido posible, sin que hayamos podido establecer adecuados mecanismos de coordinación con las Direcciones Provinciales del INSS».

Asimismo, afirma la Consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias que «no ha sido hasta esta semana cuando se nos ha informado por parte del Ministerio que, en contra de lo que dice el Real Decreto Ley, las Direcciones Provinciales del INSS no van a intervenir en el proceso. Por el contrario, nos han planteado que, ante la disconformidad del ciudadano, sean los servicios regionales de salud los que de manera diferida tramitemos la documentación al Ministerio de Sanidad, el cual confirmará en la siguiente descarga de la base de datos».

Para Brígida Mendoza «puesto que este proceso hace mucho más compleja la respuesta al ciudadano y se ha tomado sin el adecuado consenso con las Comunidades Autónomas, hemos trasladado a la ministra que nos manifestamos contrarios a este mecanismo por generar indefensión al ciudadano por incrementar el personal administrativo necesario para realizar este tipo de gestiones en las Comunidades Autónomas y, finalmente, por responsabilizar en la práctica de la gestión de un procedimiento a una administración que no tiene competencias para su resolución, en este caso el Servicio Canario de la Salud, tal como se establece en el Real Decreto Ley, con lo cual solamente gestionará los conflictos sin la posibilidad de dar soluciones, ni de disponer de ninguna información adicional al respecto ni acceso a bases de datos. Por todo ello, nos vemos en necesidad de resolver el problema generado por el propio Ministerio y que hasta ahora no existía».

 

 

 

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