Los partidos políticos deberán publicar las donaciones de más de 50.000 euros

El Gobierno Estatal pretende impulsar la ‘regeneración democrática’.

El Consejo de Ministros ha aprobado la remisión a las Cortes de dos Proyectos de Ley que conforman «los dos pilares esenciales» del Plan de Regeneración Democrática en el ámbito del control y la prevención, según ha destacado la vicepresidenta del Gobierno.

Soraya Sáenz de Santamaría ha detallado que el Proyecto de Ley Orgánica de control de la actividad económica-financiera de los partidos políticos «aumenta su control, fiscalización, transparencia y obligaciones».

La norma prohíbe las donaciones a los partidos procedentes de personas jurídicas y de entes sin personalidad jurídica, así como las condonaciones de deuda por entidades de crédito. Las donaciones indebidas que reciban tendrán que ser devueltas o ingresadas en el Tesoro. Se obliga a todos, y no sólo a los que perciban subvenciones, a presentar sus cuentas anuales al Tribunal de Cuentas.

La vicepresidenta también ha señalado que los partidos tendrán que publicar en sus páginas web, junto al balance y cuenta de resultados, los créditos pendientes de amortización y las donaciones de importe superior a cincuenta mil euros.

Asimismo, la futura ley regula la figura del responsable de la gestión económica-financiera del partido, que comparecerá ante el Parlamento una vez emitido el correspondiente Informe por parte del Tribunal de Cuentas. Además, establece la obligación de fijar un procedimiento normalizado de contratación por parte de los partidos.

Soraya Sáenz de Santamaría ha avanzado que si los partidos políticos no adaptan o presentan sus estatutos en el plazo que se determine podrán eliminarse del registro. Al respecto, ha recalcado que esta circunstancia no debe interpretarse como un supuesto de ilegalización, sino como la vía para que no estén registrados partidos sin ningún tipo de actividad.

Por otro lado, el Proyecto de Ley reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado exige requisitos de idoneidad para ser nombrado alto cargo, entre ellos la ausencia de antecedentes penales relativos a determinados delitos, como por ejemplo el terrorismo. El texto también exige una declaración responsable para ser nombrado alto cargo; regula el régimen retributivo, protección social y compensación tras el cese; vigila los gastos de representación; crea un sistema de alerta temprana de conflicto de intereses y controla la situación patrimonial del alto cargo al final de su mandato.

 

 

 

El Ilustrador

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