Los diputados rechazan la racionalización del régimen retributivo de cargos politicos

La propuesta de UPyD pretendía evitar que un alcalde de un municipio con 80.000 habitantes llegue a cobrar más que el presidente del Gobierno.

‘Se impide a la ciudadanía conocer a ciencia cierta el importe de las retribuciones percibidas’.

En sesión plenaria de ayer martes en el Congreso de los Diputados, la Cámara baja rechazó la Proposición No de Ley registrada por el Grupo Parlamentario de Unión, Progreso y Democracia (UPyD) para la racionalización del régimen retributivo de los cargos políticos electivos mediante un sistema objetivo, coherente y transparente a nivel nacional. Esta fue rechazada con 6 votos a favor y 308 en contra.

La proposición de UPyD pretendía evitar, por ejemplo que, mientras el sueldo del Presidente del Gobierno asciende a 78.185,04 euros este se ve claramente superado por los de los Presidentes de siete Comunidades Autónomas (Aragón, Islas Canarias, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura, Navarra y País Vasco). “Tales incoherencias son en algunos casos especialmente llamativas”, como que el presidente de la Generalitat de Cataluña, con 144.030,12 euros, duplica el sueldo del Presidente del Gobierno.

Asimismo, el presidente del Gobierno se ve también superado no solo por los alcaldes de Barcelona (110.000 euros), Zaragoza (92.000 euros) o Madrid (101.987 euros), sino también por ciudades que no son siquiera capital de provincia como Alcalá de Henares (90.500 euros), Alcobendas (97.000 euros), Las Rozas (86.894 euros), Pozuelo de Alarcón (85.419 euros) o Leganés (80.697 euros).

En el documento se denuncia, entre otras muchas cosas, “la notable opacidad y falta de transparencia que afecta a las retribuciones de nuestros representantes políticos”. Al ya complicado sistema retributivo, compuesto por cantidades fijas y periódicas, dietas por la asistencia a reuniones de órganos colegiados (que en muchas ocasiones se han convertido en sueldos encubiertos) e indemnizaciones por los gastos ocasionados por el ejercicio del cargo, se une la inexistencia de un registro público general y la inexistencia de un régimen exigente de incompatibilidades, impidiéndose a la ciudadanía conocer a ciencia cierta el importe de las retribuciones percibidas para sus representantes con el dinero de sus impuestos.

 

 

 

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