Los bancos condenados también pagarán costas

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Mariano Rajoy, 2017 / La Moncloa

El Tribunal Constitucional anula parte del decreto de 2017 y obliga al pago de costas a los bancos condenados en procedimientos de cláusulas suelo

El decreto aprobado en 2017 por el Gobierno de Mariano Rajoy ‘perdonaba’ el pago de costas a los bancos condenados por abusividad en las cláusulas suelo. Según se recogía en dicho decreto, ahora parcialmente anulado, la existencia de un proceso extrajudicial para la resolución de estos problemas liberaba a las entidades bancarias al pago de costas de procesos judiciales posteriores, aun en el caso de que estos fueran condenados en firme por la justicia.

El artículo 395 de la ley 1/2000 indicaba que “Si el demandado (banco) se allanare a la demanda antes de contestarla, no procederá la imposición de costas salvo que el tribunal, razonándolo debidamente, aprecie mala fe en el demandado». O lo que es lo mismo, se negaba a los jueces la capacidad de decidir si existió mala fe por parte de la entidad bancaria y, por tanto, si debía ser condenada en costas.

Los bancos condenados no seguirán beneficiándose en detrimento de los consumidores

El Tribunal Constitucional, amparándose en el principio de igualdad y protección de los derechos de los consumidores, ha dictaminado que dicho artículo es inconstitucional y ha anulado parcialmente esta ley.

«Es evidente que el precepto implica la imposición de una mayor carga económica para quien no haya acudido a la reclamación previa ante la entidad financiera, como consecuencia de eliminar la aplicación de las normas que rigen de manera general la imposición de costas en los supuestos de allanamiento, estableciendo un régimen ad hoc que permite a las entidades financieras eludir la condena en costas a través del allanamiento, por lo que se ven beneficiadas por esa regla especial, en detrimento de los consumidores», apunta la sentencia.

El Constitucional entiende que este tratamiento favorecía “de forma notoria” a quien había impuesto la cláusula abusiva y perjudicaba “al que sufrió tal imposición”. Entendiendo que este está en su derecho a reclamar lo indebidamente abonado, no hay motivo para ‘perdonar’ a los bancos condenados la imposición de costas.

 

 

El Ilustrador

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