Los ayuntamientos privatizan el servicio público esencial de la seguridad

Con el uso generalizado de seguridad privada durante la celebración de actos multitudinarios, los ayuntamientos del archipiélago demuestran una “gran irresponsabilidad”

Durante los últimos carnavales, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria contrató a vigilantes de seguridad privada cubriendo así las funciones de los agentes de un servicio público esencial. El sindicato CC.OO. advierte que no se trata de un hecho aislado y que, cada vez con más frecuencia, es habitual que los ayuntamientos insulares contraten este tipo de servicios para cubrir actos multitudinarios.

Lo mismo ha sucedido recientemente en los municipios grancanarios de Ingenio y de Agaete, “donde con ocasión de celebraciones se ha observado la presencia de tan solo cinco policías locales y más de cuarenta vigilantes de seguridad privada.

Se trata, dicen los sindicatos, de municipios gobernados por el PSOE, el mismo partido que, desde la Delegación del Gobierno, autoriza prestar servicios en la vía pública a los vigilantes de seguridad privada”.

Los alcaldes consideran que el servicio público esencial de la seguridad ciudadana no es responsabilidad suya sino del Estado

El sindicato asegura que esta situación se ha ido generando por la pésima gestión de la seguridad pública por parte de muchos alcaldes, «pues creen que la seguridad pública en sus municipios no es de su competencia, sino del Estado, lo que es una auténtica irresponsabilidad».

CC.OO. atribuye esta falta de competencia al desconocimiento de las leyes y obligaciones que imponen las normas jurídicas a los alcaldes y a sus policías locales. Las consecuencias de esta actitud la pagan todos los ciudadanos de las islas, ya se se está poniendo en juego el servicio público esencial de su seguridad.

Asimismo, recuerda que es responsabilidad de las jefaturas de policía el no aceptar las instrucciones de los alcaldes que contravengan la ley, pues ellas también son responsables técnicos ante la jurisdicción penal y responsables con su propio patrimonio conforme establece la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

En opinión de los sindicatos policiales, la contratación de seguridad privada obedece a la falta de liderazgo de algunos alcaldes para mejorar la situación y coordinación de los 3.000 policías locales existentes en Canarias. Uno de los principales problemas es la negativa de estos representantes municipales a que se apruebe en el Parlamento una nueva Ley de Policías Locales que acabe con esta falta de policías en los municipios y que permita una mayor coordinación de estos y así como la mejora de sus condiciones de trabajo.

 

 

El Ilustrador

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