Mogán exige el cumplimiento de la ley turística de Canarias

ley turística de Canarias

Instalaciones de un complejo hotelero

La alcaldesa de Mogán exige al ministro Escrivá la inmediata recuperación de la actividad turística natural del municipio

Onalia Bueno, alcaldesa del municipio grancanario de Mogán, se ha dirigido al ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, para exigirle el cumplimiento de la ley turística de Canarias. La alcaldesa reconoce que hace unos meses la decisión de alojar a los inmigrantes llegados en pateras en hoteles insulares tenía justificación, pero que la situación actual difiere mucho de la de entonces.

En el contexto actual es inadmisible que estas personas sean trasladadas a los complejos turísticos de la isla cuando hay instalaciones públicas destinadas para tal fin. Bueno respalda sus argumentos en que el uso de los establecimientos alojativos turísticos como centros de acogida en la isla ha sido posible mediante autorización administrativa del propio ministro, un hecho que tal y como comtempla el artículo 23 de la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de renovación y modernización turística de Canarias no debería ser posible.

La ley turística de Canarias es muy clara con respecto al uso de estas instalaciones

“Es deber de los titulares de los establecimientos turísticos destinarlos al ejercicio de la actividad turística, de alojamiento o complementaria, conforme a la calificación de uso asignada a la parcela por el planeamiento, y la del inmueble construido en ella según la licencia obtenida” reza esta legislación. Asimismo, el incumplimiento del deber de atenerse al uso turístico constituye una infracción grave, según esta misma ley.

Hasta el momento, el Ministerio ha estado financiando la actividad de algunos de estos alojamientos turísticos como centros de acogida de inmigrantes, otorgando partidas económicas a las diferentes organizaciones que prestan asistencia a estas personas. El Estado podría verse obligado a anular estas subvenciones por incurrir el destino de las mismas en infracciones del ordenamiento jurídico, como reconoce la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. Es decir, no se pueden conceder subvenciones para financiar centros de acogida de inmigrantes que sean empleadas para contratar, de forma contraria a la Ley, un establecimiento turístico.

 

El Ilustrador

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