Las prospecciones están dentro del marco de la legalidad

El Supremo desestima la anulación de las prospecciones solicitada por el Cabildo de Lanzarote y el Gobierno de Canarias.

Además de ser contundente en la sentencia según la cual el Real Decreto aprobado por el Gobierno de Rajoy “no incumple la sentencia de 24 de febrero de 2004 sino procede a su ejecución en los términos que de ella derivan, esto es, suple la carencia que la Sala apreció en parte del Real Decreto 1.462.2001” –tal como reclamaban las dos instituciones autonómicas-, el Cabildo de Lanzarote y el Gobierno de Canarias deberán correr con las costas de este contencioso administrativo.

Las dos instituciones habían solicitado la anulación de las prospecciones alegando que el Real Decreto aprobado a instancias del Ministerio de Industria “pretendía eludir” lo dictaminado en la sentencia dictada por el Tribunal Supremo en 2004 y que entonces paralizó los trabajos de la petrolífera Repsol.

 

 

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