Las declaraciones de Jorge Marín “faltan a la verdad de una manera ofensiva”

El Gobierno de Canarias disolverá la Fundación Canaria para la Promoción de la Educación basándose en argumentos injustificados.

Según fuentes de la propia Fundación Canaria para la Promoción de la Educación, las recientes declaraciones del consejero de Economía y Hacienda del Gobierno de Canarias, Jorge Marín Rodríguez Díaz, no se ajustan a la realidad. La necesidad de hacer efectiva la reducción del gasto de la Comunidad Autónoma ha afectado a muchas empresas públicas y fundaciones, entre ellas la anteriormente citada, que desde comienzos de año funciona con el remanente presupuestario de años anteriores, ya que el presupuesto fijado para el actual ejercicio fue nulo.

Esto es posible debido a que desde la creación de la Fundación en 2004, los trabajadores han percibido un sueldo inferior al que estarían cobrando si trabajaran en la empresa privada y no han recibido las compensaciones que figuran en su propio convenio colectivo, por ejemplo, el abono de lo trienios. Sin embargo, sí se les aplicaron otras medidas que afectaban al funcionariado, tales como la normativa presupuestaria para entidades públicas en el incremento anual de masa salarial o la reducción del 5 por ciento del salario. Así pues, no es que sean las empresas y fundaciones que “menos fondos públicos requieren”, tal como justificaba el consejero, sino que no se han cumplido las condiciones salariales legalmente estipuladas.

La totalidad de la plantilla de esta Fundación -seis personas, entre técnicos y auxiliares administrativos- se verán afectadas por estas medidas de disciplina presupuestaria, a pesar de que el consejero declaraba que “El impacto sobre puestos de trabajo es nulo, ya que las entidades afectadas carecen de plantilla”.

Por otro lado, Jorge Marín ha justificado estas medidas asegurando que estas empresas y fundaciones “Requieren pocos fondos entre otras razones, porque su actividad, en algunos casos, es nula”. Sin embargo, la Fundación Canaria para la Promoción de la Educación ha tramitado hasta la actualidad sesenta mil solicitudes de becas y ha gestionado más de cuarenta millones de euros. Además, su disolución únicamente repercutirá en un 0,19 por ciento de los 96 millones en los que el Gobierno planea reducir el gasto público.

 

 

 

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