La sanidad española celebra 25 años de una Ley engañosa

Tarjeta sanitaria canariaEl 25 de abril se cumplía el vigésimo quinto aniversario de la Ley General de Sanidad, garantía -al menos desde el punto de vista teórico- de una sanidad universal en España. Sin embargo, cerca de 300.000 ciudadanos españoles se encuentran en el ‘limbo de la Sanidad’ y no pueden beneficiarse de esta supuesta asistencia gratuita.

Aunque parezca mentira, decenas de miles de personas en España deben correr con la factura de sus gastos sanitarios porque, en su situación, no pueden acogerse a la prestación de unos servicios médicos gratuitos. La secretaria de Bienestar Social, Marisol Pérez Domínguez, presumía recientemente en un artículo de que esta Ley General de Sanidad que garantiza unos servicios universales fue una de las conquistas más importantes del PSOE, pero todos estos objetivos que a lo largo de 25 años se han utilizado para referirse a las ‘bondades’ de nuestro sistema sanitario, no son del todo ciertos. Y es en época de crisis cuando el engaño sale a la luz.

Según las cifras del Ministerio de Sanidad, 180.000 personas no se benefician de la sanidad gratuita, pero en la mayoría de los casos se trata de grupos sociales que pueden permitirse tener seguros privados. Sin embargo, los expertos en la materia, encargados de asesorar a muchos de los colectivos afectados por esta situación, aseguran que la cifra ronda las 300.000 personas, un número muy superior al fijado por las fuentes ministeriales. En cualquier caso, lo destacable es que no es que la supuesta gratuidad de los servicios médicos de nuestro país depende de ciertos condicionante, por lo que no se puede aplicar el engañoso calificativo de ‘universal’. No entran dentro de esa ‘universalidad’ los pardos que desde hace más de tres meses no reciben ninguna prestación -y que, por lo tanto, no cotizan-, las que no han trabajado nunca o únicamente de manera esporádica con salarios que superan el mínimo interprofesional (641 euros al mes), ni aquellas personas que no cotizan pero a través de rentas obtienen beneficios superiores al salario mínimo o incluso aquellos profesionales liberales incluidas en colegios profesionales pero que no están integrados en el régimen de trabajadores autónomos de la Seguridad Social. En resumidas cuentas, no se trata de una sanidad gratuita, sino de una contraprestación médica a cambio de la participación económica en el sistema, reservada por tanto a los grupos ‘cotizantes’. Así pues, poca diferencia hay entre la sanidad pública y la privada a excepción de este matiz lingüístico de la adjetivación que cada vez se aleja más de la realidad.

Para agravar más la situación, resulta que estas competencias están transferidas a las diferentes comunidades autónomas, con lo cual, uno puede estar recibiendo servicios en una ciudad mientras que en otra se le han negado de manera gratuita. También puede darse el caso de que el simple hecho de hacerse una radiografía tenga coste cero en un centro de salud de una determinada región y que en otro le pasen una factura de hasta 30 euros -un precio que, además, lo determina cada comunidad autónoma- porque usted se encuentra dentro de ese grupo de afectados. E incluso -y esto es más común de lo que parece- puede suceder que un día se encuentre mal, vaya al médico y le notifiquen que lleva meses en esta situación de ‘desamparo’ sin que usted lo supiera y que ha quedado en la zona de exclusión de esa Seguridad Social, universal y gratuita de la que tanto presume nuestro Gobierno.

Pero en época de crisis se quedan al descubierto muchas de estas ‘cagadas’. Y siguen oliendo muy mal, a pesar de que hayan cumplido ya un cuarto de siglo. Felicidades.

Vagabundo Pérez

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