‘La resolución del Ministerio de Industria es una chapuza’

Canarias presenta el recurso de alzada contra la autorización a Repsol.

El Gobierno de Canarias, a través del comisionado para el Desarrollo del Autogobierno y las Reformas Institucionales, Fernando Ríos, ha presentado ante la Secretaria de Estado de Energía el recurso de alzada contra la Resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se autoriza a Repsol la ejecución de las prospecciones en aguas canarias.

Según Ríos, “existen distintos argumentos que fundamentan el recurso, entre los que cabe destacar, como se ha denunciado a lo largo de estos dos años, que el expediente instruido por el Ministerio de Industria es una auténtica chapuza”.

El comisionado añade que la autorización “presenta numerosos defectos formales tales como no haberse sacado a información pública parte importante de la documentación medioambiental, hurtándose a los ciudadanos el conocimiento de información relevante; o que la declaración de impacto ambiental -DIA- haya sido emitida sin que el Ministerio de Medioambiente conociera informes sobre aspectos esenciales del proyecto que afectan directamente no solo a la flora y fauna sino incluso a la salud de las personas, o, en fin, que ni siquiera se ha tenido en cuenta ni contestado las miles de alegaciones realizadas por ciudadanos, colectivos y Administraciones”.

Fernando Ríos considera que sería razón suficiente para la interposición del recurso que “la declaración de impacto ambiental realizada por el Ministerio de Medioambiente prácticamente solo recoja las opiniones de Repsol, por lo que técnicamente no garantiza la viabilidad ambiental del proyecto, al no entrar a corregir las principales deficiencias derivadas de la mala praxis de la técnica de evaluación empleada en el estudio de impacto ambiental; además, se vulnera el principio de prevención al remitir la elaboración y la valoración ambiental de numerosos aspectos ambientales a fases posteriores a la emisión de la propia declaración de impacto ambiental.

También es destacable la contradicción del Estado al autorizar las prospecciones, ya que en 2007 ya advertía que ‘la realización de actividades que incluyan el uso de sonares activos de baja y media frecuencia y alta intensidad, especialmente los utilizados en maniobras militares, actividades de prospección o explotación petrolera o de gas o estudios sísmicos u oceanográficos que incluyan dichas emisiones, deben prohibirse’.

Desde el Gobierno regional aseguran que, en caso de que el recurso se desestime, se podrá acudir a la Audiencia Nacional, en lo que será otro largo proceso judicial en contra de las prospecciones petrolíferas en aguas canarias.

 


El Ilustrador

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.