La Renta Básica y la redemocratización de la política

Portada del libro Las condiciones materiales de la libertadOscar Martínez

La ideología liberal doctrinaria, que impera tanto en el diseño de nuestro entramado institucional como en los mensajes aturdidores de la conciencia que no paramos de recibir cotidianamente desde nuestra más tierna infancia, basa su idea de libertad en una ficción jurídica.

La de que se puede ser civilmente libre a pesar de no disponer de bases materiales de existencia independientes, que uno es libre aunque tenga que pedir permiso diariamente a otro para poder seguir viviendo, que es posible ser libre a pesar de no ser propietario de los medios de producción que cualquier persona necesita para obtener lo indispensable para sobrevivir (1). Se trata de una forma de entender la libertad basada en la existencia de una supuesta igualdad ante la ley (isonomía, del griego isos, igualdad, y nomos, ley) de todos los ciudadanos que forman parte de un estado ( 2). Se sobreentiende que en las sociedades democráticas actuales tanto propietarios como no propietarios tienen los mismos derechos y son iguales ante la ley aunque los primeros gocen de independencia económica y los segundos dependan de las decisiones que toman los primeros para poder seguir comiendo, vistiendo y durmiendo cada noche bajo un techo.

Ciertamente, si entendemos la libertad como la ausencia de dominación en las relaciones entre individuos, es de todo punto lógico y comprensible que aquella no se entienda sin abolir también las relaciones de dominio que existen en la esfera de la producción:

«Sin independencia material, o control directo sobre los medios de producción, no existe la libertad civil y, a partir de esto, cualquier pretensión de igual libertad en el ámbito público político, o libertad política, es una mera superchería, una enormidad que sólo el liberalismo pudo llegar a sostener.»(3)

Esta ficción jurídica no tiene nada que ver con el concepto de libertad que defiende la tradición republicana y que nació en la Atenas democrática de Efialtes y Pericles, fue compartida por los revolucionarios del siglo XVIII y heredaron los fundadores del socialismo en el siglo XIX. La derrota a manos de los grandes propietarios, el 10 de Termidor de 1794, de la revolución democrática que lideraron Marat y Robespierre supuso el triunfo de esta forma particular de entender la libertad ajena a cualquier condicionante económico. El concepto de libertad limitado a una teórica igualdad de todos ante la ley, pero preservando las relaciones económicas de dependencia entre personas de diferentes clases sociales (4), se fue implantando con éxito en Europa Occidental y en el continente americano conforme se abría paso la nueva sociedad industrial, una sociedad donde millones de campesinos y artesanos independientes económicamente gracias a la desaparición del Ancien régime, vieron cómo caían en la condición de semi-esclavos al convertirse en trabajadores asalariados, teóricamente iguales ante la ley a sus nuevos dueños, pero en la práctica también «libres» de morirse de hambre si no querían plegarse a las draconianas condiciones de trabajo que aquellos les imponían, de forma absolutamente legal y, según el liberalismo doctrinario, justa.

Las condiciones materiales de la libertad, del profesor de la Universidad de Barcelona Daniel Raventós, traslada a nuestro tiempo el viejo debate político en torno a la libertad civil relacionada con el derecho a la propiedad, como ha hecho históricamente la tradición republicana, un debate lamentablemente desterrado de la escuela y los medios de comunicación. La vertiente democrática de esta tradición ha defendido siempre que aquellos que no tienen la existencia material garantizada no pueden ser libres y que, para poder serlo, la propiedad se debe extender a toda la sociedad. Si entendemos que un régimen político es democrático si gobiernan los pobres (como siempre lo ha entendido así la tradición republicana) llegaremos a la conclusión de que éstos aprovecharán que tienen el poder político para extender al conjunto de la población las ganancias que proporciona la propiedad (5). Como dijo Robespierre -otro republicano- en uno de sus famosos discursos:

«¿Cuál es el primer fin de la sociedad? Mantener los derechos imprescriptibles del hombre. ¿Cuál es el primero de estos derechos? El de existir. La primera ley social es, pues, la que asegura a todos los miembros de la sociedad los medios de existir; todas las demás se subordinan a ésta; la propiedad no ha sido instituida, ni ha sido garantizada, sino para cimentar aquella ley (…) Y no es verdad que la propiedad pueda jamás estar en oposición con la subsistencia de los hombres.» (6)

Ahora bien, se preguntará el lector, ¿cómo garantizar a todas el derecho a la existencia en una sociedad como la nuestra, donde la propiedad se encuentra tan concentrada en cada vez menos manos, donde se está volviendo a marchas forzadas a las viejas relaciones laborales que caracterizaron la revolución industrial, con unos trabajadores asalariados cada vez más incapaces de negociar con la patronal sus condiciones laborales con una mínima garantía de éxito, y donde las históricas conquistas de la clase obrera están siendo destruidas a la misma velocidad que crecen de forma espectacular las desigualdades sociales? Es para tratar de responder a estas preguntas de dónde surge la idea de la Renta Básica (a partir de ahora, RB), nos dice Raventós, como una de las formas posibles (no la única) que tienen los desposeídos de hacer frente a los abusos cometidos por los poderosos, de redemocratizar la política, de reconstitucionalizar las relaciones laborales y de que las clases trabajadoras recuperen la iniciativa a la hora de construir sus vidas con una cierta independencia económica y una garantía de disfrutar de libertad civil y, por tanto, política.

La RB consiste en lo siguiente: «un ingreso pagado por el estado a cada miembro de pleno derecho de la sociedad o residente, incluso si no quiere trabajar de forma remunerada, sin tomar en consideración si es rico o pobre, o dicho de otra forma, independientemente de cuáles puedan ser las otras posibles fuentes de renta, y sin importar con quién conviva.» (7) Esta es la definición de RB más exacta, según nuestro autor, y tiene varias implicaciones. La primera de ellas es su incondicionalidad. A diferencia de las demás prestaciones sociales pagadas por el estado, la RB no depende de más condición que la del hecho de ser residente legal del país donde se aplique. Por lo tanto, tienen derecho a percibir este ingreso tanto los ricos como los pobres, los hombres o las mujeres, los adultos o los niños, los que tengan un trabajo remunerado, o no lo tengan. El hecho de que no se requiera demostrar determinados estados de carestía económica para cobrarla elimina el estigma que acompaña a la mayoría de prestaciones sociales y ayuda también a salir del círculo de la pobreza (que consiste en que el prestatario no quiere tomar riesgos para mejorar su situación económica por miedo a perder un ingreso considerado por él más seguro).

Otra particularidad de la RB es que es percibida individualmente, no por unidad familiar, lo que actúa en favor del ejercicio de la libertad individual y la ruptura de relaciones de dependencia económica dentro de la pareja. Raventós defiende convincentemente que la RB puede ayudar a superar las desigualdades de género, sin que ello pretenda significar que la sola implantación de una medida como ésta acabaría con el problema. Hay que tener en cuenta que en nuestras sociedades patriarcales las mujeres realizan la mayor parte del trabajo doméstico y son ellas las que aseguran la reproducción de la fuerza de trabajo y de la misma especie. Sería una medida de justicia elemental remunerar a las mujeres por este papel económico y social tan importante. Ahora bien, frente a las críticas que desde algunos grupos feministas han hecho a la RB, viendo en ésta un intento de preservar el desigual reparto de tareas familiares en favor del hombre, Raventós argumenta que la RB podría proporcionar a las mujeres precisamente la independencia material que les permitiría «negociar» en mejores condiciones con sus parejas masculinas la asunción de las responsabilidades familiares. Por último, el hecho de que la RB se cobre individualmente significa que no discrimina a las familias no construidas alrededor del clásico hombre-mujer donde el cabeza de familia es el hombre y éste administra como quiere la percepción de la prestación social; también puede ayudar al sostenimiento de las familias monoparentales, cada vez más numerosas y encabezadas la gran mayoría por mujeres.

Dicho esto y explicado muy someramente qué es la RB, lo que más me interesa destacar del libro que estamos analizando es la relación que existe entre la RB y la (re)democratización de la política. Lo que diferencia a la tradición de pensamiento republicano del pensamiento legitimador del orden social actual es que -como dice Raventós- el primero no considera que la virtud en los seres humanos se reduzca a consideraciones de orden puramente moral y/o psicológico, sino que, por el contrario, la virtud es inseparable de las bases materiales de la existencia. (8) La buena vida de los individuos debe fundarse en el hecho de disfrutar de independencia económica, lo que permitirá que puedan participar libremente en la vida política, es decir, el tener garantizado el derecho a la existencia es lo que garantiza el derecho a la ciudadanía, al hacer posible que las personas puedan desarrollar sus capacidades políticas y puedan decidir libremente y no hacerlo condicionados por su dependencia económica respecto a otro. Es así como pasan de la condición de súbditos a la condición de ciudadanos, no sólo por el reconocimiento jurídico de su ciudadanía.

Por otra parte, y como defendía David Casassas en otro libro (9), el republicanismo no ha dejado nunca de lado el papel del Estado en esta crucial cuestión. Raventós nos recuerda que uno de los peligros más graves que amenazan constantemente la libertad republicana es la formación de poderes privados suficientemente grandes como para disputar con éxito la definición de bien común a los poderes públicos. Cuando el estado no es lo suficientemente fuerte como para resistir al dominio de estos grupos privados, la mayoría de los individuos inevitablemente verán dañada -o incluso destruida- su libertad. Precisamente para preservar la libertad individual el estado debe intervenir, bien para impedir la formación de estos grupos oligárquicos, bien para destruirlos si éstos ya están actuando en contra del bien común (como ocurre hoy día con los llamados «mercados financieros»). Uno de los signos más evidentes de esta disputa entre el bien común y el bien privado son las descaradas donaciones multimillonarias a los partidos con opciones de gobernar o el endeudamiento en que han de caer estos partidos con los grandes bancos para financiarse y así poder ganar las elecciones. Es también evidente que estas «ayudas» se harán pagar al gobierno de turno y que las decisiones resultantes no beneficiarán precisamente a la mayoría de la población.

¿Qué papel puede jugar en ello la RB? Proporcionar una RB a todos los ciudadanos de un estado supondría proporcionar las bases materiales necesarias para el ejercicio libre de su ciudadanía. Supondría dotarlos de las herramientas imprescindibles para comenzar a contrarrestar la acción de aquellos grupos oligárquicos capaces de dominar el estado hasta el punto de imponer a la sociedad su particular visión de lo que es bueno y lo que no lo es. Supondría, en pocas palabras, hacer posible la democracia.

Vemos esto con más detalle. La implantación de una RB favorecería lo que se ha llamado «desmercantilización de la fuerza de trabajo.» Ya hemos comentado antes que la formación de la sociedad industrial capitalista provocó que muchos trabajadores independientes cayeran en la condición de «esclavos a tiempo parcial» al convertirse en asalariados. El hecho de perder la propiedad de los medios de producción supuso que aquellos no tuvieran más remedio que «venderse» a los propietarios para poder sobrevivir. Su fuerza de trabajo -y la de sus hijos- se convierte así en su única posesión en el mundo, lo único que pueden ofrecer a cambio de su sustento. No hay que hacer un gran esfuerzo de la imaginación para comprender que esto suponía una pérdida de capacidad de decisión considerable. Con el tiempo, los trabajadores asalariados comenzaron a asociarse entre sí y a ganar poder de negociación con sus patrones para mejorar sus condiciones de vida y de trabajo, ganando así una cierta influencia política. Pero el triunfo del neoliberalismo y de la globalización ha supuesto que este poder de negociación se haya visto disminuido considerablemente, lo que pone en peligro no sólo el estado del bienestar sino la mera posibilidad de que las clases trabajadoras puedan influir en la vida política, al verse sometidos permanentemente al chantaje de los grandes poderes privados.

La RB podría empezar a ayudar a corregir esta situación, al limitar la capacidad de chantaje mencionada. La mera posibilidad de poder renunciar, aunque fuera por un tiempo, a un trabajo remunerado sin caer en la miseria o pasar hambre, permitiría a la clase trabajadora recuperar el poder de negociación perdido. Y no sólo eso. La RB permitiría afrontar los riesgos asociados a otras formas de organización del trabajo, diferentes a las formas capitalistas, como por ejemplo la creación de una empresa cooperativa. Es ésta una perspectiva que ha explorado Erik Olin Wright. (10) La desmercantilización del trabajo que favorecería la RB crearía condiciones favorables a la creación de una economía social -centrada en las necesidades- opuesta a una economía capitalista -centrada en la maximización del beneficio, es decir en la explotación del trabajo. La característica principal de la economía social es:

«la producción organizada por colectividades directamente para satisfacer las necesidades y no sujeta a la disciplina de la maximización de las ganancias ni a la racionalidad tecnocrática-estatal.»

Por supuesto, hay pocas maneras más eficaces de hacer frente a la constitución de grandes poderes privados oligárquicos, lo bastante poderosos como para imponer sus intereses a la mayoría de la sociedad, que la construcción entre todas de una economía alternativa de estas características, capaz de hacer realidad el viejo sueño de Robespierre de hacer que la propiedad esté sometida a las necesidades sociales y no al revés.

En este sentido, la RB constituye un medio eficaz para la redemocratización de la vida política, al permitir a los individuos no tener que depender de los propietarios y dejar de ser sus «esclavos a tiempo parcial». La sociedad civil, además, quedaría bastante reforzada, al proporcionar la RB un subsidio para el ejercicio de la participación democrática. (11) Ésta quedaría asegurada al dar la RB a todos los ciudadanos que quisieran la posibilidad de renunciar temporalmente a un trabajo remunerado para poder intervenir en la vida pública, dejando de estar la política monopolizada por los profesionales de la misma, causa de muchas quejas pertinentes de la ciudadanía, que reclaman una mayor participación. Los movimientos sociales, el asociacionismo, el desarrollo cultural de la sociedad se verían sin duda favorecidos por la existencia de una RB.

Desde que se propuso por primera vez la RB, objeciones a la misma no faltan. Pero no es la intención de este artículo contestarlas, ni ir más allá en este tema. Es suficiente decir que Daniel Raventós da suficientes argumentos para defender la RB de sus detractores. Para quien quiera saber más, recomiendo la lectura de este libro, que tiene la virtud de acercar al común de la ciudadanía la revolucionaria propuesta -ni más ni menos- que de universalizar las condiciones materiales de su libertad.

 

Notas:

  1. Antoni Domènech. El eclipse de la fraternidad: una revisión republicana de la tradición socialista. Barcelona, Crítica, 2004, p. 97.
  2. David Casassas. La ciudad en llamas: la vigencia del republicanismo comercial de Adam Smith. Montesinos, 2010, pp. 97-101.
  3. Joaquín Miras Albarrán. Para fundar una República. Revista Sin Permiso, núm. 1, mayo 2006., p. 132.
  4. Es lo que Domènech ha llamado “oligarquía isonómica”, nada que ver con la libertad republicana o con la autentica democracia, op. cit., pp. 34.
  5. Daniel Raventós, Las condiciones materiales de la libertad. El Viejo Topo, 2007, pp. 66-68.
  6. Citado por Raventós, op. cit., p. 74. La cursiva es mía.
  7. Ibidem, p. 22.
  8. Ibidem, p. 79.
  9. La ciudad en llamas, op. cit., pp. 349-351.
  10. La Renta Básica como programa socialista. Revista Sin Permiso, núm. 1, mayo 2006, pp. 147-151.
  11. Ibidem, p. 151.

 

 

 

Oscar Martínez

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