La recogida de datos móviles no puede ser indiscriminada

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El Tribunal Europeo estableció que los Estados miembros no pueden retener datos de tráfico y localización de manera general e indiscriminada en caso de grave amenaza a la seguridad nacional

Facua – Consumidores en Acción se ha hecho eco de una sentencia que afecta a todos los ciudadanos europeos. En ella se antepone la privacidad de las personas a las medidas de seguridad en casos extremos de seguridad nacional.

Y es que el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) ha confirmado que las leyes europeas no amparan que las normas nacionales puedan recabar información de datos móviles de forma indiscriminada, con el propósito de combatir la delincuencia en general o de salvaguardar la seguridad nacional, y entiende que esto solo está justificado bajo un contexto concreto y si su extensión en el tiempo y su alcance es limitado.

El TJUE dicta que un Estado miembro que se enfrente a una grave amenaza a la seguridad nacional puede derogar la obligación de asegurar la confidencialidad de los datos móviles, como comunicación electrónica, datos de tráfico en internet o ubicación, pero si esta acción se acota a unos parámetros.

Recogida de datos móviles

Se debe constatar una «seria amenaza» a la seguridad nacional que se demuestre «real y sea presente o predecible». Para recolectar estos datos el estado miembro debe aplicar medidas legislativas excepcionales que sean «limitadas en el tiempo» y «ajustadas a lo necesario». Si fuera necesario, se podría extender esta norma sucesivas veces si la amenaza persiste.

La retención dirigida de esos datos, así como su retención acelerada, se podrá realizar si la medida se acompaña de las salvaguardas efectivas y si es supervisada por un tribunal o una autoridad administrativa independiente.

Este fallo llega tras los casos de Tele2 en Suecia y el servicio de mensajería de IBM Watson en el que el TJUE estableció que los Estados miembros no pueden retener datos de tráfico y localización de manera general e indiscriminada, lo que generó preocupación en las capitales europeas al entender que podrían verse privados de un instrumento que consideran necesario para combatir el crimen y preservar la seguridad nacional.

 

 

El Ilustrador

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