‘La persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad’

PP, PSOE Y CiU recurren a tres artículos de la Constitución para rechazar las preguntas de IU sobre el viaje del Rey a Botswana

La Mesa del Congreso comunica oficialmente a los diputados de Izquierda Unida -IU-, Ricardo Sixto y Gaspar Llamazares, que rechaza 11 de las 16 preguntas que registraron la semana pasada sobre la cacería del Jefe del Estado en Botswana y otros temas referidos a la Casa Real.

Esta decisión fue tomada por unanimidad el pasado martes por el máximo órgano de gobierno de la Cámara Baja con el respaldo de los miembros del PP, PSOE y CiU. En sendos escritos remitidos a los dos parlamentarios, firmados por el presidente del Congreso, Jesús Posada, la Mesa justifica la medida, que desde IU se valora como “un claro veto a la información parlamentaria de los diputados en sus iniciativas hacia el Gobierno”, utilizando tres artículos de la Constitución Española: el 56.3, el 65 y el 66.

En concreto, el primero de ellos indica que “la persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad”. El artículo 65 es utilizado para justificar el rechazo a las preguntas referidas al coste económico de la cacería en el país africano, a qué partidas fue cargado y a qué otras personas, además del Rey, se les pagó su presencia en Botswana, entre otras cuestiones. La Constitución señala en el mismo que “el Rey recibe de los Presupuestos del Estado una cantidad global para el sostenimiento de su Familia y Casa, y distribuye libremente la misma”.

En el breve razonamiento remitido a los diputados Sixto y Llamazares, la Mesa asegura que no procede la admisión a trámite de las 11 preguntas “por versar sobre materias a las que son de aplicación los artículos 56.3 y 65 de la Constitución española y no sometidas por tanto al control parlamentario de la Cámara”.

“Las preguntas –se añade- se refieren a materias ajenas al Gobierno, por lo que no pueden considerarse ejercicio de la facultad de control por parte de los diputados en los términos que el artículo 66 de la Constitución española configura dicha función, sino que supondría, de facto, un control indirecto sobre terceros no sometidos a aquél”.

 

 

 

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