La operación contra los EREs fraudulentos afecta a Canarias

Una veintena de personas ha sido detenida en siete provincias españolas.

Testarferros, abogados y empresarios figuran entre la veintena de personas que la Guardia Civil ha detenido por su vinculación con el caso de los EREs fraudulentos en las comunidades autónomas de Andalucía, Cataluña, Canarias y Madrid. Uno de estas detenciones se ha llevado a cabo en la provincia de Las Palmas, y en total son siete las provincias españolas en las que se han producido detenciones.

Las empresas en suspensión de pagos solicitaban la aprobación de ERE para sus trabajadores, cubiertos por pólizas de seguro contratadas a otras empresas mediadoras a cambio del pago de comisiones ilegales. Una vez autorizado el ERE, los empleados y la empresa se beneficiaban de las subvenciones de la Junta de Andalucía y de las comisiones ilegales de la empresa mediadora. Finalizado el proceso, la empresa desaparecía y continuaba la actividad fraudulenta con otra identidad.

 

 

 

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