‘La nueva Ley de Costas deja de lado a los canarios’

Domingo Berriel explico en el Parlamento que más del 90 por ciento de las viviendas ubicadas en el litoral se verán afectados por la norma.

El consejero de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial del Gobierno de Canarias, Domingo Berriel, sostuvo en la tarde de ayer en el Parlamento de Canarias que las competencias de los usos en las playas y las zonas de servidumbre del dominio público marítimo-terrestre pertenecen a la Comunidad Autónoma.

En su análisis del Proyecto de Ley estatal, el consejero la calificó como una “reforma incompleta y fraccionaria, con algunos detalles buenos, pero otros muchos muy criticables”. En especial, Berriel se refirió a la arbitrariedad del último anexo contemplado en el Proyecto de Ley, en el que se recogen varias excepciones a la obligación de derribo de las construcciones ubicadas en zona de dominio público marítimo-terrestre en zonas de Galicia o Cataluña, e incluso un deslinde especial para Formentera.

El consejero recordó que existen más de cien núcleos en Canarias que se verán afectados por la Ley de Costas y ni una sola excepción en el Archipiélago. Además, el responsable de la Política Territorial del Gobierno canario aclaró que no todas las casas ubicadas en las zonas afectadas podrán beneficiarse del nuevo criterio, que permite ampliar las concesiones en 75 años. “No es cierto -afirmó Berriel- lo que algunos andan pregonando de que todas las edificaciones que se encuentran en el dominio público se les va a otorgar una concesión.”

“Dada la configuración urbanística y de propiedad de los actuales núcleos tradicionales afectados por el dominio público marítimo terrestre, en Canarias más del 90 por ciento no podrán acogerse a la solución“, aseguró Berriel.

 

 

 

 

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