La Justicia avala la viabilidad de la tarifa única del taxi de LPGC

Desestima la suspensión solicitada por las asociaciones ASPROTAC y ATLAT

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha dado la razón al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y avala la viabilidad de la tarifa única del taxi aprobada por el Gobierno municipal en octubre del año pasado.

Según explica el Ayuntamiento, el TSJC otorga credibilidad a los argumentos esgrimidos en las alegaciones presentadas conjuntamente por el Consistorio junto a las asociaciones mayoritarias del taxi en la ciudad alineadas, y desestima la solicitud de suspensión de la tarifa única pedida por dos asociaciones de este sector.

La decisión judicial se fundamenta en que “no es cierta” la afirmación realizada por los dos colectivos demandantes, la Asociación Pro Derechos del Taxista Autónomo de Canarias (ASPROTAC) y la Asociación de Asalariados del Taxi (ATLAT), de que la medida aprobada por el Gobierno municipal se hace contra la expresa voluntad del 75% de los taxistas, ya que la representatividad de los dos asociaciones demandantes “apenas llega al 5% de los taxistas de esta ciudad”.

En un auto de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC dictado en enero pasado, se le dio la razón inicialmente a los dos colectivos demandantes, por lo que la tarifa única quedó en suspenso. Sin embargo, la misma Sala dejó sin efecto esta suspensión cautelar en marzo al reconocer que no se había dado trámite de audiencia al Ayuntamiento y al resto de colectivos del taxi de la ciudad antes de dictar el primer auto.

Una vez escuchadas las argumentaciones del Ayuntamiento y de las asociaciones mayoritarias del taxi, el TSJC dicta ahora un auto que es definitivo y deja sin efecto las medidas cautelares que pesaban sobre la tarifa única, que vuelve a ser válida de pleno derecho.

Tras examinar los mandatos legales y criterios jurisprudenciales que se aplican cuando se solicita una medida cautelar como la suspensión de la tarifa única del taxi, los jueces estiman que la solicitud de los dos colectivos minoritarios demandantes ha de ser rechazada por los argumentos de peso aportados por las tres asociaciones mayoritarias que se unieron al proceso como codemandadas.

 

 

El Ilustrador

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