La Financiación de los Partidos Políticos: esa casta.

Partidos políticos

Los partidos políticos son imprescindibles para el funcionamiento del sistema democrático en la cultura y sociedades occidentales. Pero el funcionamiento del sistema es caro. Por ello algunos países deciden que los partidos políticos se financien exclusivamente mediante aportaciones privadas (Gran Bretaña y Estados Unidos de América, entre otros) y otros eligen el sistema mixto de financiación público y privado.

En el caso de España, éste último es el tipo de sistema elegido y creo que impropiamente llamado mixto ya que casi el 96% de la financiación es pública, de acuerdo con los datos expuestos en el informe recientemente publicado en el BOE (9 de octubre de 2009) que el Tribunal de Cuentas (T.Cu.) envió a las Cortes Generales (24 de abril de 2008) sobre la financiación de los partidos políticos referente al ejercicio 2005.

De la lectura  del informe del T.Cu. que afecta a 36 partidos políticos pueden extraerse varias consecuencias unas formales y otras sustantivas pero en mi opinión igualmente interesantes.
En primer lugar, la tardanza del T.Cu. en examinar las cuentas de los partidos políticos ¿A quien puede interesar ya cercano el 2010, la financiación de los partidos en 2005? Incluso la Ley de Financiación de los partidos ha cambiado quedando derogada la Ley 3/1987, por la que se realiza el informe citado, por la Ley 8/2007 en la que entre otras disposiciones se eliminan las aportaciones anónimas, disminuyendo indirectamente la aportación privada.

La tardanza del T.Cu. es en cierto modo equivalente a la de la Comisión Mixta para las Relaciones con el T.Cu. en examinar dicho informe, y demuestra el nulo interés que tienen los políticos en examinar las cuentas de sus partidos. Partidos que son máquinas de poder y que solicitan el voto cada vez más, sin tener en cuenta los principios alrededor de los cuales, originalmente, se fundó el partido.
En segundo lugar, para el mantenimiento de ese poder necesitan una financiación cuasi ilimitada. Por ello, primero se recurre a la financiación pública, bastante generosa y posteriormente a la de las entidades financieras. En el informe sobre 2005, la Comisión acuerda instar “a las formaciones políticas a que revisen las condiciones de las deudas contraídas con las entidades de crédito ya vencidas, pero pendientes de pago, y a que se registren en sus estados financieros la obligaciones que pudieran derivarse de dichas operaciones”.  Es lícito pensar que los préstamos concedidos por las entidades financieras, que ni siquiera registran en su totalidad, pudieran ser condonados, y especialmente los concedidos por las Cajas de Ahorro gobernadas por la clase política; recordemos el caso del millón de euros de intereses que al parecer fue condonado a un dirigente político.

En relación con 2005 la financiación pública ascendió a 225,7 millones de euros (m.e.), la privada a 8,7 m.e. y la deuda con las entidades financieras a 161,5 m.e. La deuda vencida y no pagada a dichas entidades fue de 29,5 m.e. (11,9 corresponde a capital y 7,6 a intereses). Cifras que se quedan seguramente pequeñas comparadas con la financiación actual, pero que conoceremos dentro de otros, al menos, cinco años.

En último lugar, y no menos importante, trasciende un falta de control de las finanzas de los partidos. Los partidos políticos deben tener un control más riguroso de su financiación y ese control debe extenderse también a las entidades financieras que condonan graciosamente las deudas de los partidos. Por ello, el T.Cu. no es el órgano adecuado para el examen de las cuentas de los partidos ya que al final remiten su informe al Congreso donde la misma clase política que nombró a los Consejero del T.Cu. debe examinar las cuentas de sus partidos. El control financiero en este caso debe ser independiente completamente de los partidos y entidades financieras y más diligente, no puede tardar casi un lustro en el examen de sus estados contables.

Reconociendo su dificultad, ya que la clase política, de la misma manera que se asigna sueldos públicos, uno o varios, elabora leyes que le producen mayor financiación para mover su maquinaria de poder, lo que carece de lógica alguna es que sea esa clase la que se examine sus cuentas. ¿Por qué no el control concomitante de la Intervención General de la Administración del Estado o de una empresa auditora que al finalizar su auditoria se publique inmediatamente para conocimiento de los ciudadanos?.  De otro modo esperemos tranquilamente el ver pasar con años de retraso las cuentas de los partidos cuando ya ni interesan ni se puede hacer casi nada para remediar los fraudes.

José Manuel Adán Carmona
Economista e Inspector de Finanzas del Estado

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