Los trabajos de la petrolífera Repsol en Canarias aparecen recogidos en un Real Decreto.
En 2004, el Tribunal Supremo paralizó las primeras prospecciones que la multinacional Repsol estaba llevando a cabo frente a las costas de Fuerteventura y Lanzarote debido a defectos de forma en lo que se refería a la protección medioambiental de la zona.
Ocho años después, el Gobierno autoriza unas nuevas prospecciones petrolíferas frente a las costas del Archipiélago y dicha autorización aparece recogida en forma de Real Decreto en el Boletín Oficial del Estado. Dichos permisos han sido otorgados a un consorcio entre Repsol Investigaciones Petrolíferas SA –que actúa como operadora y posee un 50 por ciento-, la empresa australiana Woodside Energy Iberia SA –con el 30 por ciento- y la la alemana RWE Dea AG –con el restante 20 por ciento-.
El Gobierno de Canarias ya ha rechazado esta decisión y el presidente regional, Paulino Rivero, ha anunciado su intención de recurrirla a través de todas las vías jurídicas posibles.
