La Autoridad Fiscal Independiente, pura escayola

José Manuel Adán

El control del gasto público es esencial en cualquier democracia occidental, por la exigencia firme de sus ciudadanos en conocer el  destino de sus impuestos.

Los gobiernos de estos países intentan mantener una leve capa de este tipo de control para que la fachada del gobierno, pura escayola, parezca elaborada con piedra firme y sólida como el granito. Sin embargo, solamente hay que rascar un poco en la superficie para saber hasta dónde llega la fe en los mecanismos de control del gasto público. Qué duda cabe que una gran importancia sobre la calidad del control la tiene la ciudadanía del país, cual sea el nivel de exigencia, a qué tipo de exigencia y responsabilidad han sido acostumbrados, la honradez de los políticos y en general la exigencia de la ciudadanía a los políticos. En Europa, la rendición de cuentas de los políticos difiere totalmente  en países como  Holanda o Finlandia, a la de España, Francia o Italia.

En España existen dos instituciones fundamentales para el control del gasto público: un órgano de control externo, el Tribunal de Cuentas, supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del Estado, así como del sector público, dependiente de las Cortes Generales y un órgano de control interno: la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), dependiente funcionalmente del Consejo de Ministros a través del Ministro de Hacienda. Debido a la intensa politización de la Administración Pública, tanto una como otra han devenido, en mi opinión, prácticamente fallidas en el cumplimiento eficaz de su misión.

En el caso del Tribunal de Cuentas, permitiendo este Tribunal, su disgregación dentro de las CC.AA, supliendo su función con personal con una capacitación lejana a la necesaria para el cumplimiento de su objetivo y muy cercana al poder político regional, cuando la Constitución entrega todo el poder a una única institución, el Tribunal de Cuentas, no a las Sindicaturas, Concejos u otros sinónimos, pura escayola. De hecho, las auditorias y fiscalizaciones que realizan se conocen tardíamente cuando ya no pueden ser revocadas las resoluciones que dan lugar a las negligencias o errores contables cuando no a malversaciones de fondos públicos.

En cuanto a la IGAE, permitiendo los gobiernos de turno la disminución de la exigencia del control previo de legalidad, basado en una ley de importancia fundamental,  pudiendo ser posteriormente reducido ese control mediante simples órdenes ministeriales, y reduciendo la importancia del control posterior a la difícil exigencia de responsabilidades a los gestores, además de la creación de las distintas Intervenciones en las CC.AA, independientes de la IGAE, por lo tanto sin ningún control sobre ellas, al responder funcionalmente de los presidentes de las CC.AA.

Ahora se quiere incidir sobre las CC.AA y en lugar de aumentar las competencias de la IGAE sobre las CC.AA, se crea mediante una Ley Orgánica un nuevo organismo: La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIRF) más relacionada con el cumplimiento de lo establecido en la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, las previsiones macroeconómicas, los objetivos de estabilidad presupuestaria, el cumplimiento del déficit y el nivel de deuda de todas las Administraciones.

Sabido es que los organismos de control, cualquiera que sea su función han de poseer alguna medida coercitiva para ser respetadas, en su caso, en esta AIRF no existen, remite a las establecidas en el artículo 20 de la Ley de Estabilidad, que hemos podido comprobar hasta el momento que no han sido enervadas a pesar de los múltiples incumplimientos. ¿Respetarán las distintas Administraciones las opiniones, los consejos y recomendaciones provenientes de los informes de la AIRF? ¿Qué ocurrirá con las que actúen irresponsablemente?

En cuanto a la independencia del organismo, en mi opinión y dada la politización de las Administraciones Públicas, en contra de los funcionarios de carrera, el Presidente de la AIRF debería depender de la Comisión Europea, ya que la dependencia del Ministro de Hacienda, incluso con el control de la IGAE me parece inoperante y si la pertenencia es de las Cortes, dentro de lo más apropiado que me parecería, en la actualidad estaría sometido al partido gobernante, como ocurre ahora con el Tribunal de Cuentas  o el Fiscal General del Estado.

De no ser así, estamos ante una oportunidad excelente de crear una verdadera Intervención General del Estado que controle las CC.AA, con un control previo de legalidad capaz de detectar la corrupción de los gestores que evitaría numerosos fraudes, sobre todo en mesas de contratación y un reforzamiento de la exigencia de responsabilidades en los resultados de las auditorías a los gestores, unido a las exigencias de respeto a los déficits presupuestarios exigidos por el Gobierno de la nación. La IGAE dispone del personal adecuado, sin necesidad de asesores políticos, solamente hay que dotarla de las medidas legales coercitivas adecuadas, como tiene la AEAT en la ley General Tributaria.

Por otra parte la financiación de esta nueva IGAE, tal y como se presenta en el proyecto de la AIRF, le concedería mayor libertad en la gestión.

Por el contrario, si se opta exclusivamente por el proyecto AIRF, temo que como ocurrió con la Agencia de Evaluación de la Calidad de las Políticas Públicas, será todo mero decorado, un desperdicio de fondos públicos, pura escayola; claro está, esto es lo que desean los políticos, no los ciudadanos.

 

 

José Manuel Adán
Economista e Inspector de Finanzas del Estado

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