Jubilación y pensiones. El fracaso de la economía de Estado

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Jubilados

Estamos ante un panorama inasumible que podría definirse con todos los calificativos, admitidos o no en la R.A.E., en forma de exabruptos peyorativos e insultantes contra todos y cada uno de los responsables políticos que han gestado tamaña aberración.

En unos días, nueve millones y medio de pensionistas recibirán la consabida carta, cínica y triunfalista, de la Ministra de Empleo y S. S. que, en un alarde de hipocresía y poca vergüenza, nos anunciará el generoso incremento del 0.25% en las pensiones de jubilación. Una realidad que echa por tierra cuantos titulares ostentosos y declaraciones rimbombantes se prodigan como propaganda electoralista. ¿Es cierto que senadores y congresistas se han aprobado a sí mismos un aumento del 1,7 % en sus sustanciosos emolumentos, casi siete veces que a los indefensos jubilados?… Si así es, el agravio tiene mucho de infamia e insulto para la dignidad de quienes menos merecen este maltrato institucional.

En una iniciativa popular, difundida en las redes y promovida por el magnífico activista social Cipriano Galván, se propone como expresión de protesta e indignación que SE DEVUELVAN TODAS LAS CARTAS AL REMITENTE. Estará bien como gesto de reprobación; pero no parece que su eficacia sea suficiente para influir en las conciencias anquilosadas de los servidores del pueblo, al que menosprecian desde sus  intereses centrados en las respectivas poltronas, con ignorancia absoluta hacia quienes sustentamos sus abusos y prebendas.

¡Ojo! Que estamos hablando de la quinta parte del total de una población damnificada por una gestión política deleznable; la más vulnerable e indefensa de la gran masa sobre la que se ha hecho recaer el sacrificio para salir de la crisis que, al parecer se ha resuelto, o casi, en favor de los pocos de siempre; a los que hay que felicitar por el éxito obtenido de la mano del poder instituido… a costa de masacrar derechos y dignidad de la mayoría sojuzgada por la filosofía feudal aplicada en nombre de una fatua democracia.

Para respaldar estas drásticas reflexiones nada mejor que repasar números fehacientes: ¿Cómo es posible que en ochos años, desde que empezó la crisis, los beneficios empresariales en España hayan crecido más de un 200 %, mientras los salarios han quedado prácticamente estancados? Así es por el efecto demoledor de una reforma laboral perversamente diseñada a tal fin. Se precarizó el empleo y se simuló la creación de puestos de trabajo sustituyendo uno cualificado (trabajo digno / sueldo digno) por tres o cuatro por el mismo precio, con unas condiciones laborales humillantes pero ineludibles por la necesidad aviesamente creada.

El exceso de abuso social y presión económica sobre una gran parte de la ciudadanía, suelen desembocar en estallido cuando ya no cabe más aire que insuflar en el maltrecho globo de la prepotencia y el desprecio por la dignidad de las personas. Si estuviera en ese bando inhumano, me preocuparía por las lógicas consecuencias de mi actitud totalitaria y abusiva.

Sigue siendo la sociedad civil la única capacitada para resolver sus propios problemas. En esta circunstancia de acoso sistemático del Estado contra los pensionistas, ya existen movilizaciones y plataformas reivindicativas en favor de sus derechos fundamentales. No solo por el vejatorio incremento anual de un  0,25 %, sino por la crítica situación creada para quienes trabajaron a largo de toda su vida, creando riqueza y cotizando por sus derechos pasivos, para encontrarse ahora con la responsabilidad de acoger, con sus precarios medios, a la parte de su descendencia devastada por la pobreza, sin más recursos de supervivencia que regresar al hogar paterno con las manos vacías y algunos nietos a quienes cuidar y alimentar.

Este desolador panorama sería motivo de otro análisis similar al presente, pero relacionado con la Ley de Dependencia. Al igual que otra felonía oficial como la de distraer de la pensión del jubilado un IRPF que no tiene sentido ni explicación plausible, como no sea el mismo contexto de abuso organizado.

No basta con el simple lamento de plantear un problema tan crudo  como el presente, sino que procede ofrecer soluciones que, desde luego, no pasan por confiar en la buena voluntad institucional. Habrá que forzarlas como acto de supervivencia. Los movimientos comentados (PDP: Plataformas en Defensa del Pensionista), no son suficientes por falta de estructura colectiva que agrupe a los nueve millones y medio de afectados –a los que convendría añadir los otros tantos millones de futuras víctimas como inmediatos e indefensos pensionistas–; aparte de que algunos de estos grupos encuentran acomodo en el regazo de algunos partidos políticos en activo; lo cual supone un grave inconveniente por razones obvias.

Habrá, pues, que organizarse en un partido legalizado, exento de ideales políticos, con el único punto en su ideario de defender los derechos e intereses de los jubilados contra las asechanzas del enemigo; que aglutine a los nueve millones y medio de damnificados, más los que pudieran añadirse como futuros afectados, más o menos inminentes.

Las siglas, pueden servir las mismas del logo PDP: “Partido en Defensa del Pensionista”. Cuestión de organización y firmeza ante la necesidad. (Ante tal perspectiva, alguno puede aliviarse de sus entrañables interioridades bajándole por una de sus extremidades inferiores).

 

 

Carlos Castañosa

elrincondelbonzo.blogspot.com

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