¿Serán conscientes de todo el daño que hacen?

Carlos Castañosa

Su apariencia no es la de estar demasiado bien dotados intelectual y/o moralmente. Otra cuestión es sospecharles segundas o terceras intenciones.

Son nuestros representantes políticos, aquellos que el pasado viernes dedicaron una jornada laboral completa, siete horas, a destripar una moción en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. El tema era la reprobación o no de la gestión municipal relacionada con el caso de corrupción en el “pelotazo” de Las Teresitas. No era necesario que entre ellos se montaran un circo retórico de medio pelo para culminar con la bochornosa votación en la que cada uno se hiciera su retrato. Fue una majadería absurda e inservible por cuanto la opinión pública, a pesar de las mordazas impuestas, ya reprobó fehacientemente la actuación municipal y la de los adláteres corruptos, a partir del levantamiento  del secreto del sumario del caso “Las Teresitas” y del dictamen  del TSJ sobre la irregularidad de una operación en la que, presuntamente, se prevaricó y se malversaron caudales públicos, dinero contado en millones de euros. La damnificada ciudadanía santacrucera sería la única voz  legitimada para una  reprobación  ya expresada.
Aclaración: “La Soberanía nacional, reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado”.  ¿Alguna duda?… Obviamente, ninguna.

Dicha Soberanía, no se delega en los políticos a través de las urnas, sino que es ahí donde se les contrata como garantes y servidores de los intereses  ciudadanos. Son  representantes del pueblo soberano, cuyos emolumentos proceden precisamente de la tributación popular. No tienen ningún derecho a encaramarse en sus poltronas ni a erigirse en padres de una patria que no les pertenece.

Pero frustrante y descorazonador es asistir a un intercambio dialéctico de muy baja estofa para defensa de posturas oficiales sobre un tema irrisorio, que atenta contra el sentido común de quienes, en esta tierra, en este momento, están, estamos, sufriendo las penosas consecuencias socio-económicas de una deplorable gestión política. Y los responsables de la debacle, a la que asistimos asomados al precipicio sin barandilla, ¡hala!, a jugar al “…pues y tú más…”. Una carencia ética que, al parecer, no les permite abordar la auténtica gravedad de los problemas que asolan este paisaje ciudadano, donde la pobreza se va enseñoreando palmo a palmo de todo el territorio.

Los movimientos cívicos, en forma de asociaciones que se agrupan en plataformas, surgen como necesidad de compensar y corregir los defectos de gestión administrativa  y la eventual dejación de funciones de los supuestos responsables, que no saben resolver tal problema y hay que ayudarles a “hacer los deberes”. O, en su caso, ejercer la presión suficiente para enmendar una mediocridad que, para colmo, rechaza de plano este tipo de “injerencias” que incomodan a sus intereses políticos, que nunca coinciden con los de las personas normales.

Planteado un problema económico o social, una voz ciudadana se ofrece con  alternativas y soluciones  para dar validez a la crítica inicial. En un primer contacto hacen como que escuchan; toman alguna medida de distracción; improvisan fugazmente para quitarse el “muerto de encima”, y terminan por rechazar la aportación gratuita de los ciudadanos. Eso sí, lo único que les afecta es la parafernalia burocrática de la legalización en el Registro de Sociedades y la inquietud por el número de personas que están detrás de la plataforma como respaldo de tal  iniciativa popular.

Conviene concretar en algún caso real para justificar estos argumentos.
P.ej.: Un grave problema de alto riesgo es la aplicación indiscriminada de plaguicidas en parques, jardines y zonas verdes metropolitanas. La reivindicación ciudadana para proteger la seguridad, salud, higiene y medio ambiente, exige la implantación de la normativa europea que debe sustituir a una permisiva legislación local que atenta gravemente contra dichos principios. Presentados los protocolos, las líneas de actuación técnica y los productos prohibidos en la directiva de la UE, solo se consigue que el concejal de Servicios Públicos amenace con querellas por injurias y calumnias. Es este un caso extremo, pero altamente significativo de la precaria relación entre la conciencia ciudadana y los intereses políticos.

La indignación popular no cabe en este pequeño espacio. Sería necesario el volumen del Pleno dedicado el pasado viernes donde se jugaba a ver quién era amigo o no del ínclito señor Zerolo. ¡Vaya tela!

 

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Carlos Castañosa

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